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03-01-2019

ANTICIPO EXCLUSIVO!!!

El Gobierno busca frenar el pedido de restitución del Fondo Federal Solidario

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CAPITAL FEDERAL. Nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), un nutrido grupo de intendentes peronistas había reclamado a través de un amparo la restitución del Fondo Federal Solidario, que implicaba el giro a las provincias del 30% de la recaudación por los derechos de exportación a la soja. Por Corrientes, el Municipio de Mercedes a cargo de Elvira Sánchez de Cemborain, fue el único que se sumó. El Gobierno nacional intenta conjurar cualquier intento judicial que pueda revertir la quita del Fondo Sojero en tribunales.

Para imponer una estrategia de centralizar los reclamos que había implementado con éxito en el caso de los aumentos tarifarios, la Casa Rosada volvió a apostar a centralizar las acciones judiciales en el estratégico fuero Contencioso Administrativo Federal. Ya tuvo un guiño: a las demandas se les dio tratamiento de proceso ordinario, lo que extiende los tiempos de resolución y evita medidas cautelares que frenen la vigencia de la disposición. La causa madre que aglutina a un centenar de municipios ante la exigencia de restituir el Fondo Federal Sojero es la que planteó la FAM directamente ante el fuero Contencioso Administrativo Federal.

Encabezados por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, sumaron adhesiones de municipios de todo el país pertenecientes a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, y Tierra del Fuego. Pero tras ese expediente hubo múltiples presentaciones de otros municipios ante los juzgados federales según su competencia territorial. Antes de que esos casos prosperen, el Gobierno se presentó en cada uno de esos juzgados a pedir la inhibitoria de los magistrados. No con un llamado para que se agrupen detrás de la FAM, sino para que realicen los planteos ante el fuero Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.

La modalidad es idéntica a la estrategia de “escudo anticautelares” que diseñó la Procuración Nacional del Tesoro para los litigios por los aumentos del gas. Hasta ahora, la táctica escogida por Bernardo Saravia Frías se comprobó exitosa: más allá del revés de la Corte en 2016, las acciones colectivas surgidas de los subsiguientes aumentos no tuvieron consecuencias. Y hasta logró evitar medidas impuestas directamente a las empresas por los cortes de servicio con la orden de centralizar todo en tribunales metropolitanos. A nadie escapa que el Gobierno tiene en sus manos la renovación del 50% de los tribunales contenciosos de primera instancia, como reveló Ámbito Financiero, donde ya logró completar cuatro de las seis sillas en juego. La FAM había solicitado un amparo pero la Justicia (en conformidad con el fiscal) decidió que sea un proceso ordinario “teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión planteada”.

Se trata ahora de un “proceso de conocimiento” en lugar de un amparo, con tiempos más exiguos. El Estado se presentó en el caso que intentó la Municipalidad de Villa Gesell contra el Decreto Nº 756/2018 y solicitó la “conexidad” con la causa principal. Los tiempos ya son laxos: la mayoría comenzó a mediados de septiembre, apenas el DNU fue publicado en el Boletín Oficial y registran magros avances. Las municipalidades de Villarino, Zárate, Mercedes, El Carmen, Merlo, Resistencia son algunos de los distritos que de manera silvestre fueron por fuera de la presentación de la FAM y que por ahora están en el limbo de unificarse o terminar diversificados pero en los tribunales contenciosos de la Capital. Todas las actuaciones sufrirán el parate de la feria judicial de enero, por lo que la definición se estirará entrado el año que comienza.


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