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07-02-2019

PRESENTACION DEL INTENDENTE DESTITUIDO

Chukel denunció penalmente a la vice y a los ediles que avalaron su destitución

SANTO TOME. Mientras aguarda una respuesta de la Justicia al pedido de nulidad del juicio político en su contra, ayer acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso de autoridad y falsedad ideológica a quienes incidieron en el proceso que lo apartó del cargo. Desde el 21 de diciembre del año pasado, Erasmo Chukel está separado de su cargo como intendente de Garaví y su restitución -en principio- quedó sujeta al veredicto del electorado en una consulta popular. Pero el funcionario suspendido objetó la legalidad de su enjuiciamiento. Y por si fuera poco, sobre Chukel pesaría un procesamiento por un supuesto abuso sexual contra una menor de edad. La situación en Garabí es compleja.


¿LLORAR SOBRE LA LECHE DERRAMADA? Chukel intenta con artilugios legales dejar sin efecto su destitución. Recurrió a la justicia para ello y tan solo un milagro puede salvarle. Fuentes de primera mano aseguraron que desde Corrientes ya le "bajaron el martillo" y su suerte está echada. De un momento a otro, un fallo judicial echaría por tierra sus aspiraciones de volver al cargo.

Chukel ahora también denunció penalmente a quienes, de una u otra forma, influyeron en el proceso que derivó en su sanción. Está patrocinado por el abogado Tomás Silvano.

“Consideramos que estamos frente a un golpe institucional”, manifestaron desde la defensa legal de Chukel. Una postura que, argumentaron, se basa en que “no se respetaron las garantías constitucionales para este tipo de proceso”. En este punto, indicaron que una de las anomalías “es el incumplimiento del artículo 104 de la Ley Orgánica de Municipios que establece que ‘el o los concejales denunciantes deben ser inmediatamente apartados del caso y sustituidos por el o los suplentes respectivos’”.

“Eso no lo cumplieron porque no sólo no asumió el suplente del denunciante, es decir del concejal (Luis) Alvez, sino que además él participó del proceso. Prueba de ello es que hay actas con su firma. 

Entonces, aunque no votó en la sesión en la que aprobó la sanción de Chukel, sí participó de actividades previas que ya eran parte del enjuiciamiento”, afirmaron. 

Agregaron que “también incumplieron en el artículo 114 de la Ley Orgánica que establece que para aprobar una sanción se requieren dos tercios de los votos de la totalidad de los miembros del Concejo”.

Requisito que, sostienen, no se cumplió porque “al no asumir la suplente de Alvez, el Concejo sólo tenía dos integrantes, de los cuales uno votó a favor de la sanción y otro, en contra.

Esto significa que ninguna de las posturas tuvo los dos tercios necesarios que -en el caso del Legislativo- son un par de concejales. Si bien ellos aducen que la viceintendenta desempató, para nosotros eso no es correcto, porque ella preside la sesión pero no es miembro del cuerpo deliberativo”.

Estas cuestiones son parte de los fundamentos del recurso de amparo que la defensa de Chukel presentó  en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé para solicitar la anulación del proceso de juicio político y su restitución en el cargo. “Pero eso sería en lo que concierne a las formas, porque también refutamos las de fondo, es decir, las causas por las cuales lo destituyeron”, aseveraron en diálogo con El Litoral.

Rendiciones

Con respecto a los fundamentos esgrimidos por el Legislativo municipal en el juicio político, explicaron que “tenemos las documentaciones que prueban que no es verdad que el Intendente no le dio todo el dinero que le correspondía al Concejo. También faltan a la verdad cuando aducen que él hace años no presentaba los balances del Municipio”, sostuvieron desde el estudio jurídico que representa a Chukel. 

En este punto, precisaron: “El mandaba las rendiciones y tenemos firmados los recibidos de la documentación. 

Lo que le faltaba era la firma del contador auditor, pero eso responde a una serie de situaciones ajenas al Intendente”.

Sobre eso último, comentaron que la persona que por ordenanza estaba nombrada en ese cargo hasta diciembre de 2019, tiempo atrás concurrió a la Municipalidad y notificó que dejaría de trabajar para el Municipio. Para suplantarla, el Ejecutivo comunal -en tres oportunidades- propuso a otro profesional, “pero todas las veces le rechazaron la propuesta e inclusive le objetaron después cuando él (Chukel) nombró a una contadora por resolución”, acotaron.

Tras lo cual añadieron que “el tercer motivo del enjuiciamiento es su procesamiento por abuso sexual, lo cual tampoco está firme. En síntesis, las supuestas razones ‘de fondo’ por las cuales lo enjuiciaron no tienen sustento”.

Nueva presentación

Los mencionados argumentos, tanto de “forma” como de “fondo”, figuran en el pedido de nulidad del juicio político que es objeto de análisis en el Juzgado de Santo Tomé, a la vez que esos fundamentos se convirtieron en los considerandos de la nueva presentación que Chukel realizó en la jornada de ayer.  

En este caso, fue una denuncia penal en la fiscalía contra quienes votaron a favor de su destitución; se trata de la viceintendenta y el concejal Miguel Chuquel; como también el edil Alvez, que fue el autor de la denuncia que dio origen al juicio político.

“Creemos que los tres incurrieron en incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso de autoridad y falsedad ideológica”, concluyeron desde la defensa de quien hasta hace un mes ejercía la intendencia de Garaví.


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