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20-06-2020

POR OTORGAR AMPAROS SALARIALES A GENDARMES

La Corte confirmó la destitución de magistrada civil correntina

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CAPITAL FEDERAL. La Corte Suprema de Jus­ticia confirmó un fallo en el que se destituyó a una jueza correntina por irregularida­des en el manejo de causas en las que otorgó reajustes salariales a efectivos de la Gendarmería Nacional en forma irregular y en per­juicio del Estado. Aquellas resoluciones, luego cuestio­nadas, se dieron en el mar­co de una dura disputa de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad contra con el gobierno de Cristina Fernández de Kir­chner, que además de po­darles el salario los obligaba a movilizarse al Conourba­no bonaerense para hacer vigilancia en las calles. 

En un fallo emitido el jueves pasado, la Corte Su­prema confirmó por unani­midad la sentencia dictada por este Superior Tribunal de Justicia y las actuacio­nes tanto del Consejo de la Magistratura como del Ju­rado de Enjuiciamiento en la causa por la cual se des­tituyó a la doctora Graciela Beatriz Duarte del cargo de Juez Civil y Comercial y La­boral de Santo Tomé. 

La sentencia fue aproba­da por unanimidad de los miembros de la Corte y así ratificó todas las actuacio­nes del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes en la causa que el 27 de abril de 2012 destituyó a la jueza Graciela Beatriz Duarte.

La ex magistrada estaba al frente del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de San­to Tomé, además fue inha­bilitada por el término de tres años para el ejercicio de la función pública por en­contrarla responsable de la causal de mal desempeño. 

Duarte había hecho lugar a medidas cautelares en nu­merosas causas, que eran manifiestamente ajenas a su competencia, no sólo por la materia federal invo­lucrada sino también por­que los accionantes tenían domicilio fuera del ámbito territorial del Juzgado, en distintos puntos a lo largo de todo el país. En ninguno de esos expedientes -que eran, en su totalidad, recla­mos patrimoniales contra el Estado Nacional- se adver­tían razones de urgencia en la tutela de los derechos in­volucrados, que justificaran el dictado de una medida precautoria por un juez in­competente. 

Para los jueces del máxi­mo Tribunal del país, la conducta de la ex jueza en otros expedientes que se tramitaban ante ese Juzga­do, en los que se solicitaba la protección de derechos fundamentales no patri­moniales, había sido “dia­metralmente diferente a la adoptada en los casos in­vestigados”, pues se había declarado incompetente en forma inmediata, sin dic­tar cautelar a favor de los actores.

Fuente: Norte Corrientes

 


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