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06-08-2018

EL ARCHIVO

Hace 10 años condenaban por primera vez crímenes de la dictadura en Corrientes

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CORRIENTES. El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas asumieron el control del país luego de derrocar a la por entonces presidenta Estela Martínez, comenzando a ejecutar un plan integral de Gobierno. No sólo llevaron adelante una clara planificación económica, sino también un complejo esquema represivo que provocó las detenciones clandestinas de decenas de miles de personas, de las cuales muchas siguen desaparecidas hasta el día de hoy.


Este oscuro programa de terrorismo ejercido por el Estado tuvo su correlato en Corrientes, ejecutándose en varias ciudades. En el caso de esta Capital, el epicentro fue el ex Regimiento de Infantería 9 “Coronel Pagola”, especialmente en un sector donde militantes trabajan para que sea declarado un Espacio de la Memoria.
De la mano de las leyes de Obediencia debida y Punto final, los familiares y amigos de los desaparecidos correntinos tuvieron que esperar más de 20 años para ver justicia, en algunos casos más y en muchos otros todavía no lo vieron. Pero el primer caso llegó con la sentencia que el Tribunal Federal dictó contra 4 represores el 6 de agosto de 2008, luego de varios años de juicio.
El Tribunal condenó a prisión perpetua al ex coronel Rafael Barreiro, a prisión perpetua, al ex capitán Juan Carlos Demarchi y al ex coronel Horacio Losito, 25 años. En tanto que el ex gendarme Raúl Reynoso recibió 18 años. Por último, el suboficial Carlos Piriz fue absuelto.
Se trató de una de las primeras sentencias de juicio por delitos de lesa humanidad dictada en el interior del país. El principal aporte es que se trató del primer juicio en el que se hizo eje en el funcionamiento de un centro clandestino de detención dentro de un Regimiento.
Cronología
La sentencia se concretó luego de un proceso de 4 años, ya que el inicio se dio el 24 de marzo de 2004, cuando familiares del desaparecido Rómulo Gregorio Artieda presentaron una querella criminal. Aseguraban que existían pruebas y testimonios de que había sido visto con vida por presos políticos en el ex Regimiento 9.
Esta decisión se transformó luego en una “megacausa” que se acumuló e investigó bajo la denominación “Demarchi, Juan y otros por tormentos agravados por el tiempo, privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo y desaparición forzada” (Expte. N° 276/04). En octubre de 2004, el juez federal Carlos Soto Dávila dictó la orden de detención de 12 personas, 9 integrantes del Ejército y 3 de la Gendarmería Nacional.
El juicio comenzó formalmente en febrero de 2008, cuando iniciaron los testimonios. En esos 6 meses declararon cerca de 90 personas, tanto testigos propuestos por la defensa de los imputados, como por la querella, entre ellos muchas personas que aseguraban haber estado detenidos ilegalmente en el ex Regimiento.
El proceso terminó en agosto, cuando el Tribunal Federal compuesto por el presidente Víctor Alonso y los vocales Lucía Rojas de Badaró, Gabriel Navarro y el conjuez Osiris Jantus dio por acreditado que en el “Coronel Pagola” funcionó un centro de detenciones clandestinas, donde decenas de personas fueron sometidas a tortura (entre ellas 14 víctimas que formaron parte de la causa). También se consideró probado que un grupo de tareas compuesto por militares y gendarmes llevó adelante el accionar delictivo.
A Rafael Barreiro se lo consideró autor del delito de asociación ilícita, coautor de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Rómulo Artieda y de trece secuestros agravados por violencia, duración y aplicación de tormentos a perseguidos políticos.
De Marchi (alias “El electricista” por el uso de la picana) y Losito fueron condenados a 25 años de prisión por asociación ilícita más once y diez secuestros y tormentos respectivamente. El gendarme Raúl Alfredo Reynoso, quien se infiltró en la familia de Artieda, fue condenado a 18 años de prisión como partícipe necesario en seis casos y coautor de un séptimo.


Durante la lectura de las sentencias hubo fuertes discusiones en la sala entre familiares de los condenados y los de las víctimas de los crímenes. En ese momento también se produjo una situación que llegó a los principales medios de todo el país: la amenaza de muerte que la militante Cecilia Pando hiciera al por entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Duhalde, con el signo de pasar el índice horizontalmente por el cuello incluido.

La calle


Otra situación que ganó notoriedad ese 6 de agosto fue la movilización que organizaciones políticas y de Derechos Humanos realizaron. Llegaron incluso referentes nacionales de Hijos y de Abuelas de Plaza de Mayo. 
La multitudinaria marcha y manifestación terminó en la esquina de las calles La Rioja y Pellegrini, a pocos metros de donde el Tribunal iba a dictar la sentencia. Acompañaban con música, banderas, carteles y cánticos reclamando justicia.
A sólo 100 metros, en la esquina de Pellegrini y Salta, el panorama era totalmente distinto: allí esperaban novedades los familiares y amigos de los sentados en el banquillo de los acusados, y un puñado de personas que los apoyaban. No había música, ni cantos ni algarabía, primaba un aire pesimista que se mezclaba con rezos y unas pocas pancartas con fotos de personas víctimas del accionar de grupos como Montoneros y el ERP.


Cuando pasado el mediodía a través de los parlantes especialmente instalados en la calle se dieron a conocer las sentencias una esquina explotó de júbilo, en la otra el llanto y los rezos se intensificaron en formas iguales. Las dos caras de una misma moneda y de una misma historia.

Fuente: EL LITORAL


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