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19-01-2010

Política

Denuncian a Redrado por malversación de fondos públicos y enriquecimiento

El abogado Eduardo Barcesat acusó al titular del BCRA de rendir gastos sin el aval del directorio. Pidió la intervención de la Auditoría General de la Nación y que analicen su DD.JJ. La oposición pedirá el juicio político a Aníbal Fernández.

La batalla por las reservas y el enfrentamiento entre la Rosada y Martín Redrado deja una estela de denuncias contra funcionarios que parece no terminar. El abogado Eduardo Barcesat denunció este martes penalmente al titular de la entidad monetaria y pidió que se lo investigue por los delitos de "malversación de caudales públicos en concurso con enriquecimiento ilícito" durante su desempeño al frente del organismo que preside desde 2004.

La presentación, que recayó por sorteo en el Juzgado Federal Nº 11 de Claudio Bonadío, está basada en una nota periodística en la que se revelan gastos rendidos por Redrado que no contaron con el aval del resto de los directores del BCRA. Entre estas erogaciones se incluyeron desembolsos de 150 mil pesos por funciones de títeres, 40 mil por talleres de teatro y de 16 mil por talleres de yoga.

Además, la denuncia también acusa a Redrado de adjudicar el 19 de enero de 2009 la compra de diarios, revistas, suscripciones de internet y “otros objetos colecciobles” por $ 2,2 millones. A su vez, habría desembolsado otros $ 3 millones para contratación de aviones de las fuerzas de seguridad; adquirido dos equipos de aire acondicionado por $ 29.780 y liberado una partida de $ 578.390 para “gastos de cortesía y agasajos”.

En su presentación, el abogado y constitucionalista Barcesat solicitó que se oficie al BCRA, que se remitan las constancias correspondientes de dichos gastos y que se recabe en la Auditoria General de la Nación si auditó lo gastos de Redrado, así como su declaración jurada ante la AFIP. También pidió que se cite a prestar declaración testimonial a los directores del Central.

Esta denuncia se suma a la realizada por el letrado Jorge Vitale, quien imputó a la presidente Cristina Fernández de Kirchner; al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y a Martín Redrado la presunta comisión de los delitos de “abuso de la autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Vitale también acusó a la jefa de Estado y los funcionarios de querer utilizar reservas para el pago de deuda externa que exceden el respaldo del circulante. Es decir, los fondos denominados de “libre disponibilidad” habrían sido calculados sobre una base “errónea” y su utilización para la creación del Fondo del Bicentenario provocaría “un vaciamiento económico y un grave deterioro de la moneda argentina”.

Además, el letrado acuso a la jefa de Estado y a los funcionarios de jactarse “reiteradamente” de las grandes reservas que posee el Banco Central cuando en realidad no son tales.

JUICIO POLÍTICO A ANÍBAL FERNÁNDEZ. Los cuatro principales bloques de la Cámara baja, Oscar Aguad (UCR); Federico Pinedo (PRO); Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Felipe Solá (Peronismo Federal) presentarán esta tarde los fundamentos de un pedido de juicio político al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por “afectaciones al principio de independencia del Poder Judicial”. La intención del arco opositor es llevar la solicitud al Congreso –a la Comisión de Juicio Político- de manera inmediata.

El proyecto apunta, entre otras cuestiones, a la decisión de Fernández de incumplir por considerar "inconstitucional" una orden de allanamiento del juez José Sudera en el gremio de los aeronavegantes. El conflicto se desató cuando Sudera intentó entrar en el gremio y poner en funciones a los miembros de la lista Celeste, que, según la Justicia del trabajo, le había ganado las elecciones a la lista Verde, conducida por Ricardo Frecia y que responde a la embajadora en Venezuela, Alicia Castro.

El funcionario justificó en reiteradas oportunidades su desobediencia a la orden judicial diciendo que frenó el allanamiento para evitar "situaciones con heridos o muertos". A raíz del episodio, Fernández acumuló cuatro denuncias judiciales, mientras que la oposición comenzó a trabajar en una "moción de censura" en su contra, por considerar que el jefe de Gabinete "se arrogó funciones judiciales que tiene prohibidas por la Constitución".

En tanto, Carrió prepara "en forma personal" otro pedido de juicio político contra el jefe de ministros por las presuntas vinculaciones políticas del crimen en el Shopping Unicenter, el Triple Crimen de General Rodríguez y el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner en 2007.

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