Panseri ejemplificó la magnitud del problema con casos concretos dentro del Poder Judicial correntino. Mencionó que se han debido otorgar licencias extraordinarias a funcionarios afectados por problemas derivados del consumo. Relató que “hay otros funcionarios, yo estoy hablando de unos 10 o 15 más, que tienen recaídas importantes”.
El magistrado remarcó que el consumo de drogas no solo afecta la salud personal, sino también el funcionamiento de las instituciones. Explicó que “no sabemos institucionalmente dónde ponerla a trabajar, porque hay responsabilidades, hay horarios que cumplir, hay un montón de cosas que estas personas no están capacitadas para llevar adelante”.
La recuperación de las personas adictas, subrayó, es un proceso costoso y complejo. Indicó que “es muy caro la recuperación de un adicto” y que el Estado enfrenta limitaciones para dar respuesta integral. En ese contexto, consideró insuficiente que la discusión se limite a la sanción de una ley específica de narcomenudeo sin abordar en paralelo las dimensiones de salud, educación y reinserción social.
CRÍTICAS A LA LEY DE NARCOMENUDEO
Panseri cuestionó duramente la iniciativa legislativa en debate sobre narcomenudeo. Consideró que “la ley es muy escueta y peca de una ingenuidad bastante importante”, ya que no plantea una estructura completa de abordaje ni asegura la disponibilidad de recursos suficientes. Recordó además que en otras provincias, como Chaco o Tucumán, la Nación no ha cumplido en tiempo y forma con la transferencia de fondos prometidos, lo que genera incertidumbre sobre su aplicación real.
El magistrado también observó debilidades en la creación de áreas de investigación. A su juicio, si quedan subordinadas a la Policía provincial, podrían terminar en fracaso. Planteó la necesidad de una organización más autónoma, con agentes preparados y resultados exigibles. “La DEA correntina debe tener su propia autonomía para la toma de decisiones”, enfatizó.
Otro de los puntos que despertó preocupación en el ministro es la asignación de facultades extraordinarias a los fiscales. Consideró cuestionable que se les habilite a ordenar allanamientos, ya que “el único que allana en un estado republicano es la orden por escrito de un señor juez”. Según Panseri, estas disposiciones podrían entrar en conflicto con la Constitución Nacional.
El ministro sostuvo que la falta de precisión normativa genera vacíos que podrían derivar en arbitrariedades. “No podemos quedar al arbitrio de la interpretación de algún funcionario para ver si esto camina o no camina”, afirmó, y remarcó que es necesario establecer parámetros claros para evitar contradicciones entre leyes especiales, códigos de procedimiento y normas nacionales.
PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL
En cuanto a la estructura operativa para combatir el narcotráfico, Panseri sugirió la creación de un organismo especializado con independencia funcional, inspirado en experiencias internacionales. Describió que en la DEA de Estados Unidos los agentes tienen igualdad jerárquica y son evaluados por resultados. Recalcó que este modelo permitiría exigir mayores niveles de eficacia en la investigación sin que las jerarquías internas interfieran en el trabajo.
El ministro expuso ejemplos de cómo el narcotráfico utiliza mecanismos de contrabando y redes de distribución que exceden las competencias provinciales. Preguntó: “¿Qué parte es federal y qué parte es provincial?”. En ese sentido, reclamó un esquema que contemple la complejidad del delito y que defina con claridad los alcances de cada jurisdicción.
Asimismo, destacó que la política criminal no debe depender únicamente de la creación de nuevas fiscalías o de la acción de comisiones legislativas. Reiteró que el fenómeno requiere coordinación entre salud, educación, fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario. “Tenemos que analizar los efectos del narcomenudeo”, sostuvo, al señalar cómo las redes de distribución reclutan tanto a jóvenes como a personas mayores en situación de vulnerabilidad.
Panseri insistió en que toda nueva legislación debe incluir un abordaje integral y multidisciplinario. A su entender, sin ese marco se corre el riesgo de generar respuestas parciales que no logren alterar el núcleo del problema. “Cuando tengamos todo en claro y todos estos juegos hagamos el proyecto de ley que comprenda todo esto y pongámonos a trabajar”, recomendó.
DESAFÍOS INSTITUCIONALES Y PERSPECTIVAS
El ministro advirtió que la media sanción de la ley de narcomenudeo en el Senado se dio sin un análisis profundo. “Los señores senadores la trataron sobre tabla y sin ningún tipo de discusión”, lamentó, y cuestionó que no se generen ámbitos de debate con participación de distintos sectores. A su criterio, las soluciones deben construirse con la intervención de actores sociales, además de los estrictamente judiciales y legislativos.
Panseri remarcó que los jueces no deben participar en la elaboración de normas, ya que luego deben evaluarlas en su aplicación. “Un juez no discute con las partes”, subrayó, en referencia a que su función es resolver sobre la constitucionalidad y validez de las disposiciones y no involucrarse en el diseño político de las mismas.
El magistrado recordó su trayectoria en la lucha contra el narcotráfico y la importancia de la cooperación con fuerzas de seguridad. Evocó que en el año 2000, como juez de instrucción, “en todo allanamiento pedíamos que entren los canes antidroga”, lo que permitió reforzar la eficacia de los procedimientos.
Finalmente, alertó sobre los riesgos de subestimar la magnitud del problema. “Estamos peleando contra gigantes de la corrupción”, expresó, al mencionar que el narcotráfico maneja enormes sumas de dinero capaces de corromper estructuras enteras. En ese marco, insistió en la necesidad de prepararse con instituciones sólidas y estrategias a largo plazo para enfrentar al crimen organizado.
Panseri concluyó que la ley en debate, aunque pueda servir como “disparador” para iniciar conversaciones, no ofrece soluciones de fondo. Reiteró que la sociedad necesita un marco legal más amplio, que contemple no solo la sanción, sino también la prevención, la rehabilitación y la reinserción social de los afectados.
