CORRIENTES. Se trata de Carlos Pérez, uno de los principales imputados por el ocultamiento del menor, ocurrido hace más de 2 años. En la misiva además sostiene que él y su esposa son inocentes.
En la antesala de una nueva audiencia del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, el proceso judicial que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en la ciudad de Corrientes ha sumado nuevos elementos de tensión y controversia procesal. Carlos Pérez, uno de los principales imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor de cinco años, hizo entrega de una misiva a su abogado defensor, el doctor Ernesto «Tito» González (h), en la cual expresa profundas observaciones y cuestionamientos respecto al desarrollo del debate oral y la investigación en su totalidad.
El letrado defensor aclaró ante los medios que el documento entregado por Pérez no debe interpretarse como una declaración formal sobre los hechos que se ventilan en el juicio, sino que se trata de un escrito que contiene inquietudes y reflexiones personales del imputado vinculadas estrictamente al devenir del proceso judicial.
No obstante, el contenido del texto ha trascendido debido a la dureza de las críticas vertidas por el acusado contra la labor de la fiscalía. En imágenes difundidas por el periodista Rafael Palacios, se pudo apreciar que el escrito lleva el título de «Chivos expiatorios», un rótulo bajo el cual Pérez expone su visión sobre la causa que lo mantiene privado de su libertad.
«Considero que este lamentable hecho ocurrido en la provincia de Corrientes ha superado ampliamente las capacidades investigativas del orden fiscal», escribió Pérez. Además, atribuyó parte del desarrollo del expediente a la repercusión pública del caso: «Tal vez la fuerte presión mediática que inunda la provincia produjo que ante indicios y no pruebas fehacientes rápidamente se nos juzgue falsamente».
En los párrafos del documento, Pérez sostiene de manera explícita que este lamentable hecho ocurrido en la provincia de Corrientes ha superado ampliamente las capacidades investigativas del orden fiscal. Además, el imputado atribuyó gran parte del desarrollo y la orientación del expediente a la intensa repercusión pública y mediática que ha tenido el caso desde sus inicios. Según su perspectiva, la fuerte presión mediática que inunda la provincia produjo que, ante indicios y no ante pruebas fehacientes, rápidamente se procediera a juzgar a los acusados de manera falsa. Estas manifestaciones reflejan el descontento de la defensa de Pérez respecto a la solidez de las evidencias presentadas hasta el momento en el marco de las audiencias.
En una línea argumental similar, aunque centrada en otros de los procesados, el doctor Jorge Monti, abogado defensor de Daniel «Fierrito» Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, se pronunció recientemente sobre la marcha del juicio. El letrado aseguró que la defensa de sus clientes resulta sencilla debido a la ausencia de elementos probatorios contundentes en su contra. Al ser consultado sobre el supuesto pacto de silencio que se les atribuye a los imputados, el defensor calificó dicha noción como una ficción impuesta de manera interesada por la fiscalía y la querella.
Monti argumentó que resulta imposible sostener la teoría de una organización criminal con integrantes tan dispares en términos intelectuales, económicos y sociales que, según la tesis acusatoria, habrían coordinado un plan de sustracción durante un almuerzo de apenas una hora de duración. A juicio del abogado, esta narrativa forma parte de la desesperación de la fiscalía al no contar con una plataforma sólida ni pruebas suficientes para atribuir el delito a alguno de los siete imputados en particular. En contraposición a lo que se ha difundido, el abogado manifestó que sus defendidos prestaron declaración indagatoria tanto ante los fiscales provinciales como ante la Justicia federal, y que esas declaraciones han sido sumamente extensas.
«Yo creo que eso forma parte de cierta desesperación de la fiscalía, al no tener una plataforma sólida ni prueba suficiente para atribuir el delito a alguno de los siete imputados del hecho en particular. No hay pacto de silencio, mis defendidos prestaron declaración indagatoria ante los fiscales provinciales y ante la Justicia federal», indicó. A su vez ,el letrado manifestó: «Mis defendidos hablaron y sus declaraciones fueron extensísimas. Pocas veces he tenido una defensa tan fácil, en función de no tener del otro lado ningún tipo de prueba incriminatoria, y las que hay favorecen a mis defendidos».
Fuente: Norte Corrientes
