Se trata de un proyecto del diputado Ricardo Guillermo Leconte, de la Libertad Avanza, que tiene por objeto impulsar una profunda transformación y modernización del sistema hospitalario público de la Provincia de Corrientes, fortaleciendo la calidad de las prestaciones, la eficiencia en la gestión, la participación de la comunidad y la sostenibilidad a largo plazo de las instituciones sanitarias.
El autor del proyecto expone que en la historia de la salud pública correntina, un primer gran legado corresponde a la etapa fundacional a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando numerosos hospitales y establecimientos sanitarios nacieron gracias al esfuerzo conjunto del Estado, asociaciones civiles, benefactores y familias correntinas, quienes entendieron la salud como una causa colectiva y un deber de solidaridad con las generaciones futuras.
El segundo gran legado fue la creación del Instituto de Cardiología «Juana Francisca Cabral», instituido por la Ley Provincial Nº 4.087 y administrado mediante la Fundación Cardiológica Correntina, una experiencia que ha demostrado durante décadas que es posible combinar la rectoría del Estado con una gestión profesional, autónoma y eficiente.
Acotó que este modelo de gestión le permitió al Cardiológico alcanzar niveles de excelencia reconocidos en todo el país y constituirse en uno de los mayores orgullos institucionales de Corrientes.
En esa línea, se plantea como un posible «tercer gran legado sanitario» poder replicar el modelo del Cardiológico al resto de los hospitales.
En los argumentos del proyecto se recuerda propuesta similar del año 2013 de la legislatura provincial orientado a promover la administración de hospitales públicos mediante fundaciones sin fines de lucro, inspirado en la experiencia del Instituto de Cardiología.
«Los resultados obtenidos por el Instituto de Cardiología durante estos años, comparados con las dificultades estructurales que enfrentan numerosos hospitales administrados bajo esquemas tradicionales, ratifican la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión más profesionales, autónomos y vinculados con la comunidad», resalta.
El autor del proyecto aclara que la actual propuesta de ley «no implica privatización alguna del sistema sanitario».
En ese sentido, explica que el Estado provincial, de aprobarse la iniciativa de ley, continuará siendo el propietario de los hospitales, garantizará el acceso universal y gratuito a la salud, fijará las políticas públicas sanitarias y ejercerá el control y la rectoría general del sistema.
Para Leconte, la innovación consiste en encomendar la administración cotidiana de los principales hospitales públicos a fundaciones sin fines de lucro, integradas por representantes de la comunidad, profesionales, instituciones y sectores comprometidos con el bienestar colectivo.
De este modo, se alejará la gestión hospitalaria de los vaivenes de la política partidaria y se la dotará de continuidad institucional y profesionalismo.
«La salud pública debe ser una política de Estado, pero la administración hospitalaria debe estar orientada por criterios técnicos, científicos y comunitarios, que ubiquen al paciente y al personal de salud en el centro del sistema», remarca.
Asimismo, el proyecto incorpora mecanismos modernos de cooperación social y sostenibilidad financiera, inspirados en experiencias exitosas como la del Hospital Garrahan, y promueve programas de mecenazgo, fondos de cooperación, participación ciudadana y reconocimiento a quienes contribuyan al fortalecimiento de los hospitales públicos.
En tal sentido, se crea el Programa «Hijos de Corrientes», destinado a reconocer a toda persona o institución que, mediante aportes, donaciones o legados, contribuya al desarrollo de la salud pública provincial, con el fin de recuperar el espíritu solidario que dio origen a muchos de los hospitales históricos de la provincia.
«El objetivo final es transformar a Corrientes en una provincia de referencia en materia de gestión hospitalaria pública, mediante la integración de la tradición solidaria de nuestros mayores, la excelencia del Instituto de Cardiología y las mejores prácticas modernas de administración sanitaria», concluye.
DETALLES
Según la propuesta de ley, los hospitales comprendidos en la presente ley funcionarían como entes autárquicos de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y operativa, manteniendo el Estado provincial la titularidad de sus bienes, instalaciones y patrimonio.
El Ministerio de Salud Pública conservaría la rectoría, planificación, regulación y control general del sistema sanitario provincial.
En tanto, la administración integral, operativa y financiera de los hospitales comprendidos en la presente ley es ejercida por fundaciones sin fines de lucro, mediante convenios de gestión celebrados con el Poder Ejecutivo provincial.
Se incorporarían al presente régimen los siguientes hospitales cabecera de la provincia de Corrientes.
Serían el Hospital Escuela «General José de San Martín», Hospital «José Ramón Vidal», Hospital «Ángela Iglesia de Llano» y el Hospital Pediátrico «Juan Pablo II», de la ciudad de Corrientes.
Además el Hospital Regional «Camilo Muniagurria», de Goya; Hospital Regional «Las Mercedes», de la ciudad de Mercedes; Hospital Regional «Doctor Fernando Irastorza», de Curuzú Cuatiá; Hospital «Samuel W. Robinson», de Monte Caseros; Hospital «San José», de Paso de los Libres; Hospital «San Juan Bautista», de Santo Tomé; Hospital «Doctor Ricardo Billinghurst», de Ituzaingó; Hospital «El Salvador», de Bella Vista; Hospital «San Roque», de Esquina; y Hospital “Dr. Miguel Ángel Sussini”, de Gobernador Virasoro.
El Poder Ejecutivo podría incorporar progresivamente otros hospitales provinciales al presente régimen, previo informe técnico del Ministerio de Salud Pública.
