SANTO TOMÉ. — En medio de la profunda crisis que sacude a las instituciones de la ciudad, un nuevo frente de conflicto judicial está a punto de salir a la luz. Fuentes de primera mano señalaron que se está preparando un pormenorizado informe que pone el foco en una supuesta maniobra de encubrimiento dentro de las propias oficinas de la Fiscalía de Instrucción local, vinculada al faltante de elementos clave bajo custodia judicial.
Un empleado de maestranza habría sido forzado a renunciar a cambio de no ser denunciado penalmente por el faltante de elementos secuestrados. El caso amenaza con salpicar a altos funcionarios judiciales de Santo Tomé.
De acuerdo con los datos recabados de forma exclusiva por este medio, la trama involucra a un empleado ordenanza de la mencionada dependencia, quien tenía acceso a áreas sensibles donde se resguardaban elementos secuestrados en diferentes causas criminales.
Renuncia forzada a cambio de impunidad
La investigación penal y administrativa que se revelará de manera completa en los próximos días detalla que se detectó la alarmante desaparición de teléfonos celulares y dinero en efectivo en los despachos oficiales.
Le lejos de dar intervención inmediata a la Justicia ordinaria o iniciar un sumario administrativo transparente, las máximas autoridades habrían optado por una salida irregular: habrían obligado al trabajador de maestranza a presentar su renuncia indeclinable al puesto laboral.
El objetivo de esta drástica exigencia habría sido doble. Por un lado, permitirle al acusado evitar la cárcel y la apertura de una causa penal en su contra; por el otro, tapar el agujero de control interno para no exponer públicamente las graves fallas de control en la dependencia judicial.
Una olla a presión sobre los despachos oficiales
Este presunto pacto de silencio y conveniencia lejos de cerrar el conflicto, amenaza con «destapar una olla» de impredecibles consecuencias institucionales. Las ramificaciones del caso apuntan a determinar quiénes avalaron la salida del ordenanza sin realizar las denuncias que la ley exige a cualquier funcionario público ante el conocimiento de un delito.
La posible divulgación promete aportar precisiones normativas y documentales que podrían arrastrar a importantes funcionarios de la Fiscalía de Santo Tomé, en un momento donde el desempeño judicial de la localidad ya se encuentra bajo la estricta lupa de toda la provincia.
