La decisión modifica el esquema de provisión de fármacos que hasta ahora integraban la cobertura nacional y reduce de 128 a seis los principios activos contemplados en el nuevo listado.
Entre los medicamentos que quedaron excluidos figuran la levotiroxina, los anticonceptivos, la metformina, la amoxicilina, el salbutamol, el fluconazol y la loratadina, utilizados para tratar distintas afecciones y atender necesidades sanitarias frecuentes. A partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa, las provincias deberán asumir con recursos propios la compra de los demás medicamentos esenciales, aunque podrán utilizar como referencia el listado elaborado en 2021.
El cambio redefine las responsabilidades de financiamiento y adquisición de fármacos dentro del sistema público de salud, al tiempo que concentra la cobertura nacional en un conjunto reducido de medicamentos orientados al abordaje de enfermedades cardiovasculares.
REDUCCIÓN DEL VADEMÉCUM
La nueva nómina mantiene únicamente seis principios activos: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Se trata de medicamentos vinculados principalmente con la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, entre ellas la hipertensión arterial y las afecciones asociadas al colesterol elevado y al riesgo de complicaciones vasculares.
La reducción del vademécum implica que medicamentos destinados a otras patologías dejan de estar comprendidos en este esquema nacional, por lo que las jurisdicciones provinciales deberán resolver su adquisición de acuerdo con sus necesidades sanitarias y las disponibilidades presupuestarias.
La normativa no establece una obligación de reproducir exactamente el listado anterior, pero permite tomarlo como referencia para definir las compras. De este modo, la reorganización traslada a las provincias la responsabilidad de financiar los medicamentos excluidos, mientras el Gobierno nacional prioriza un grupo específico de tratamientos en consonancia con los objetivos del nuevo programa sanitario.
La cartera conducida por el ministro de Salud, Mario Lugones, fundamentó la modificación en los cambios registrados en el perfil epidemiológico de la población y en la necesidad de concentrar las políticas públicas en las enfermedades vasculares, identificadas como una de las principales causas de mortalidad en el país.
Según los fundamentos de la norma, el listado aprobado en 2021 respondía a las condiciones sanitarias existentes en aquel momento, mientras que la situación actual justificaría un instrumento específico para la prevención, la detección y el tratamiento de las patologías cardiovasculares.
En ese marco, el Ministerio anunció la puesta en marcha del Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, concebido para organizar las intervenciones destinadas a reducir la incidencia y las consecuencias de estas enfermedades. La decisión de discontinuar Remediar y establecer un nuevo programa se inscribe así en una modificación de las prioridades de la política sanitaria nacional, con énfasis en los factores de riesgo, la atención de emergencias y la coordinación entre los distintos niveles del sistema de salud.
