CORRIENTES. La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes emitió un comunicado junto a las Confederaciones Rurales Argentinas en el que califica potencialimente peligrosos y contrarios a la libertad a algunos de los pasajes en la iniciativa presidencial.
La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, en conjunto con las Confederaciones Rurales Argentinas, emitió un comunicado con inquietudes acerca de ciertas propuestas contenidas en la Ley de Bases que se está debatiendo en el Congreso Nacional.
La organización planteó preocupaciones respecto a diversos temas indicados en la Ley de Bases para el desarrollo productivo del país, considerados como «potencialmente peligrosos» y «contrarios a los principios de libertad».
CARNES Y SEMILLAS
La organización expresó su preocupación por la imposición de un estándar elevado a los frigoríficos de todo el país, medida que, según advierte, podría paralizar la posibilidad de faena en provincias como Corrientes, con serias consecuencias para la economía y el empleo rural.
A la vez, expresó su preocupación por el establecimiento de cuotas de emisiones por parte del Estado nacional debido a su «potencial burocrático y conflictivo», y cuestionó las atribuciones reguladoras del Estado.
Por otra parte, subrayó la necesidad de armonizar los intereses de los semilleros y los productores, considerando tanto la protección de la investigación como los derechos de los productores, e interrogó «¿Hasta dónde debe extenderse la propiedad intelectual en este ámbito?»
MANEJO DEL FUEGO Y SANITARIO
Los productores rurales, además, abogan por derogar o reformar la normativa que establece el uso racional del fuego, a la que consideran «una normativa ideologizada» y «de difícil cumplimiento».
Es esencial en la producción ganadera y en el control de incendios, por lo que es necesario ajustar la normativa a la realidad productiva y ambiental del país.
Por otra parte, expresaron que, en materia sanitaria, defenderán el principio de libertad de elección para los productores, garantizando que las medidas sanitarias obligatorias estén justificadas y aplicadas de manera subsidiaria.