CORRIENTES. En la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia se volvió a abordar la adhesión de Corrientes a la Ley Nacional de Información Pública, propuesto por el bloque del Partido Liberal. El proyecto ya había sido presentado en 2019 pero no prosperó en aquel momento. La actual composición del Concejo Deliberante de Santo Tomé no brinda ningún tipo de información a quienes lo requieran y su accionar mayormente se limita a debatir algunos temas en las comisiones respectivas y luego en el recinto mismo, solo se pone a consideración y se levanta la mano. Nadie debate nada públicamente y tampoco el cuerpo informa de antemano cual es el orden del día. Un cuerpo deliberativo que le cuesta millones de pesos al municipio para ser una mera “escribanía”. La mesa directiva está compuesta por el oficialista Carlos Farizano (hijo) y como vice segundo Santiago Saucedo de ECO. A fines del año pasado ingresó una nota solicitando la información oficial acerca de cuanto percibe mensualmente los concejales por las tareas que realizan, pero ese dato está bien guardado. No obstante hay quienes señalan que es un millón de pesos, otros hablan de un millón y medio y hasta dos millones inclusive. Esta información nunca fue proporcionada por el cuerpo a quien le solicitó.
Según el diario EL LIBERTADOR en su edición de este lunes 02 de abril, publica un artículo relacionado al acceso a la información pública.
“En su artículo N° 1, el proyecto promueve la adhesión provincial a la ley nacional. En el segundo, establece un plazo de 180 días para su reglamentación, tras su sanción. En el tercero, se deroga expresamente la Ley Provincial Nº 5.834 de Acceso a los Documentos Administrativos ya que se considera no permite un acceso pleno a la información pública debido a que en su artículo 4º señala que el pedido debe estar fundado.
«El concepto moderno de acceso a la información y participación ciudadana debe buscar garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder de cualquier organismo, empresa o sociedad estatal, así como del resto del universo de instituciones que reciben fondos públicos o brindan servicios públicos esenciales», expresa el proyecto en sus fundamentos.
«El Derecho de Acceso a la Información Pública es un tema instalado en la agenda pública y sin dudas considerado de alta sensibilidad y preocupación para grandes sectores de nuestra comunidad», indica la propuesta. «Como legisladores, tenemos la obligación de sustentar los reclamos sociales y en relación a la temática el deber de bregar por el fortalecimiento de nuestras instituciones, la transparencia y el debido funcionamiento de los órganos de control de todos los poderes del Estado», sostiene.
«Para ello es necesario contar con una ley de acceso a la información pública para que junto a la política de gobierno abierto tengamos un Estado transparente y abierto a la colaboración», expresa la iniciativa.
«Existe calidad institucional cuando se garantiza el acceso a la información pública promoviendo con ello la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, el control de los actos públicos de Gobierno, y fundamentalmente el ejercicio de otros derechos como el derecho a la educación, la salud, la vivienda, entre los prioritarios para la sociedad correntina», prosigue.
La iniciativa impulsada por los diputados Eduardo Hardoy y Any Pereyra señala que «el Derecho de Acceso a la Información Pública está amparado por el artículo 28 de la Constitución provincial», ya que permite a «los ciudadanos, saber cuál es el marco legal en el que ejercen su derecho donde residen», y «al Estado provincial, mejorar sus herramientas de transparencia y nivelar hacia un estándar de alta calidad institucional».
Actualmente, Corrientes no cumplimenta con todos los principios que establece la ley nacional. En el caso del Boletín Oficial, por el momento, están disponibles únicamente las publicaciones de este año”.
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