GDOR VIRASORO. Con la detención de Sonia Prystrupczuk, la historia del Hogar de Menores de Virasoro había alcanzando su momento de mayor tensión, dejando en evidencia las irregularidades que durante su gestión (iniciada en 2017) se produjeron puertas adentro teniendo como víctimas principales a niñas. NORTE de Corrientes, en su edición del domingo 24 de abril -una semana antes del arresto- había consignado un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el que dejaba firme la pena de 15 años de cárcel para un cuidador de la institución por violar entre 2013 y 2015 a dos hermanas, de 7 y 11 años (esta última con retraso madurativo), internadas allí por haber sido víctimas del mismo delito de parte de su progenitor. Pero no fue el único expediente judicial tramitado. Un informe del Tribunal Oral Penal de Santo Tomé (en la actualidad denominado Tribunal de Juicio) -al que este diario accedió- da cuenta de dos causas más, una de ellas con condena a 20 años y por hechos ocurridos durante la conducción de Prystrupczuk, quien había designado en el puesto al sentenciado por ultrajar a cuatro menores, de entre 10 y 12 años. Esta fue pronunciada en marzo último, un mes después de la muerte del adolescente C.F., que volvió inocultable la situación y motivó la remoción de la directora y de los orientadores, como también una transferencia ministerial de importantes estamentos como el Conaf. Se espera que esta semana la jueza de Garantías de Virasoro, Silvina Benítez, resuelva el pedido de constitución en querella del Comité Provincial Contra la Tortura que sostiene la hipótesis de que C.F. fue asesinado (ver más en nota inferior).
A diferencia del caso ya informado, el rol de Prystrupczuk resultó más nebuloso: la denuncia la hizo una trabajadora del hogar de niños de Santo Tomé, localidad cabecera del departamento homónimo en el que se encuentra Virasoro, a donde en diciembre de 2017 y hasta mediados de 2019 los menores institucionalizados fueron trasladados debido a refacciones. En esas circunstancias, un grupo de niñas revelaron a una de las orientadoras los abusos padecidos y sindicaron como autor a O.A.F., uno de los encargados designados por Prystrupczuk para su cuidado. El 11 de septiembre de 2018 fue procesado -medida ratificada por la Cámara de Apelaciones el 18 de diciembre de ese año- pero recién en marzo de 2022 se realizó el juicio, por lo que la sentencia no está firme aún, restando la instancia de revisión ante el STJ. O.A.F. fue hallado culpable de cuatro abusos sexuales, uno de ellos con "acceso carnal". Recién trascendieron cuando C.F. había muerto.s
Copnaf, transferido
El gobernador Valdés, vía Decreto 1075/22, dispuso en su artículo 15 "transferir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el personal, los bienes y el presupuesto correspondiente asignados al Copnaf". De esa manera -tal como lo dijo a la prensa- espera que el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescente y Familia encargado de velar por sus derechos "funcione mejor".
LLAMATIVA SALIDA DEL PRIMER MÉDICO
Jueza define si prospera la hipótesis del homicidio
La causa central y que podría convertirse en el capítulo más negro de la historia del Hogar de Menores de Virasoro tendrá novedades en el transcurso de la semana que comienza mañana. La jueza que entiende en el caso debe resolver si acepta o no la constitución del Comité Provincial Contra la Tortura como querellante, el organismo estatal sostiene la hipótesis de que C.F. fue víctima de un homicidio, orientando la responsabilidad directa en los celadores y por extensión de la ex directora del hospicio Sonia Prystrupczuk. En ese mismo sentido se esperan las novedades de la reautopsia realizada al cuerpo del adolescente de 14 años, realizada el 20 de abril pasado, que podrían abonar la postura del Comité ya que hasta el momento el fiscal Julio Cazzaré mantiene la carátula de "muerte dudosa" que impuso al ser cuestionada por testigos y evidencia la primera versión dada por las autoridades del Hogar. Un detalle que no es menor: el médico que hizo la primera autopsia a C.F. renunció a su cargo en abril pasado (y desde el 1 de mayo no esta más como trabajador judicial, véase Acordada 9/22 del STJ). El profesional, llamado Gustavo Raúl Andrich Bianco, alegó "motivos personales", aunque el abogado de los hermanos de C.F. (que egresaron del hogar al cumplir la mayoría de edad), doctor Eduardo Etchegaray, fue quien cuestionó su labor al decir que "el chico no tuvo una autopsia digna por el hecho de ser pobre".
Fuente: Norte Corrientes |
