CORRIENTES. El jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina, no opinó… pero opinó. El hombre de la fuerza del orden fue convocado por el gobernador Gustavo Valdés luego de un notable e inocultable crecimiento de los hechos delictivos y de la reiteración de situaciones de violencia de «vecinos justicieros», cansados de ser víctimas, contra los malvivientes. Y sin querer hacerlo apuntó las responsabilidades sobre cuál es la pata débil que transforma a las comisarías en «puertas giratorias», en las que los delincuentes entran y salen sin mayores problemas y reinciden sin algún tipo de sanción concreta: la Justicia.
Luego de más de 15 años de debate de diputados, de senadores y de los diferentes actores de la Justicia correntina, el 6 de noviembre de 2019 la Legislatura provincial finalmente aprobó el nuevo Código Procesal Penal que abandonó el sistema mixto para pasar al acusatorio adversarial. Tres años después, el martes 8 de noviembre de 2022, entró en vigencia en la última circunscripción judicial correntina que faltaba, la de Capital.
Uno de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Panseri, señaló recientemente en un encuentro con periodistas que, según las estadísticas que maneja ese poder del Estado, el 80% de las denuncias corresponden a «delitos menores». En lo personal, interpretó que ese porcentaje es mucho mayor, pero que las víctimas de estos «delitos menores» (llámese así, por ejemplo, a la actividad de los arrebatadores, motochorros, ladrones de garrafas, etc.) no hacen las denuncias (porque están más tiempo en las comisarías haciendo las exposiciones que los malvivientes en el calabozo) cansadas de la escasa o nula efectividad del sistema judicial.
El lado positivo del nuevo código es que prevé celeridad en la resolución de los delitos más graves. Sin embargo, deja en una nebulosa a este 80% por ciento de las denuncias en que los delincuentes recobran la libertad con demasiada facilidad. Y vuelven a delinquir con sorprendente rapidez sin que caiga sobre ellos el «peso de la ley».
Al salir del encuentro con el Gobernador, Molina fue abordado por los periodistas. Ante los micrófonos admitió que «el vecino reclama (que los delincuentes) que ingresan (detenidos a las comisarías) y que tienen antecedentes y después son puestos en libertad». Es decir, reconoció la existencia de las «puertas giratorias».
Y fue en este instante en el que, probablemente, sin querer hacerlo, responsabilizó a la Justicia por la liberación de los delincuentes. «Es un resorte exclusivo del Poder Judicial. No puedo opinar al respecto. Yo me encargo de la prevención. Nosotros (por la Policía) somos auxiliares de la Justicia, al que comete un hecho delictivo lo ponemos a disposición de la Fiscalía. Y es la Fiscalía la que resolverá la situación procesal de las personas que están detenidas por estas causas», aseveró en un rapto de efusiva sinceridad que muy poco se suele observar en los uniformados.
Fuente: Epoca
