CORRIENTES. EL Tribunal Oral Penal Federal comienza el juicio a un gendarme por formar parte de una banda de narcotraficantes.
Se trata de una investigación que se inició el 20 de marzo de 2017 a raíz de un procedimiento concretado por personal de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 57 “Santo Tomé” de la Gendarmería Nacional en el control fijo “Paraje Cuay Grande”, ubicado en el kilómetro 669 de la ruta nacional 14, Santo Tomé, provincia de Corrientes. En esa oportunidad se interceptó el camión Scania térmico y se secuestraron 4631 paquetes de marihuana, con un peso total de 3985,355 kilos.
La droga era trasladada desde Posadas a Moreno, Buenos Aires. La marihuana estaba oculta junto con el motor del equipo de frío del camión.
El acusado, Lucas Alejandro Llopiz, quien prestaba servicios en el Escuadrón 47 “Ituzaingó” de la Gendarmería Nacional Argentina.
De acuerdo con la pesquisa, Llopiz junto con toda una organización criminal se abocó al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes –cocaína y marihuana– en sus diferentes etapas, desde su obtención, almacenamiento y traslado, hasta su comercialización a otros grupos que se dedicarían a las mismas actividades en el marco de la cadena de tráfico ilícito detectada.
El gendarme, según la investigación, cumplió un rol indispensable para la realización de las maniobras de tráfico ilícito develadas, especialmente para que las mismas no sean advertidas por el personal de la fuerza de seguridad a la que pertenece u otras fuerzas de seguridad.
En ese sentido, del resultado del análisis de la pericia telefónica realizada, surgieron elementos que develaron que Llopiz se encargaba de dar información al líder de la banda sobre los distintos controles de ruta emplazados en la jurisdicción del Escuadrón 47 “Ituzaingó” de Gendarmería Nacional, como también le habría aportado información confidencial de alertas para los “controles de ruta”.
A los mismos fines, le suministró información de los vehículos utilizados por la sección de Investigaciones Antidrogas “Ituzaingó” en la zona para realizar las tareas investigativas, como también de los vehículos particulares del personal de la fuerza.
De igual forma, le facilitó información y acceso a estancias o campos para que se desarrollaran las maniobras delictivas. Es decir, para la guarda y acopio del material narcótico.
Como “contraprestación” por la información suministrada por Llopiz, a los fines de asegurar la realización de las maniobras criminales, este recibió pagos en sumas de dinero y cantidades que aún no pudieron determinarse de estupefacientes, para concretar, o como se utiliza en la jerga “armarlos”, distintos procedimientos.
Cabe resaltar que los demas integrantes de la organización criminal ya fueron condenados al reconocer los delitos que se le imputaron en diferentes juicios abreviados. Jose Alberto Laurencio, Mauricio Sebastián Rivero, Dario Alejandro Leite y Matias Andres Paredes fueron condenados a la pena de seis años de prisión y multa de 30.000 pesos cada uno por haber sido hallados coautores penalmente responsable del delito tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización y almacenamiento, agravada por la intervención de tres o más personas.
Fuente: EL LITORAL
