SANTO TOMÉ (Corrientes). La Justicia de Santo Tomé quedó nuevamente en el ojo de la tormenta tras resolverse, en una reciente y tensa audiencia de coerción, el otorgamiento del arresto domiciliario por el plazo de tres meses a la adolescente de 17 años imputada como coautora del brutal crimen de Cecilia Emilce Lazcano, la estudiante de 16 años asesinada en julio pasado en la localidad de Alvear. La medida cautelar adoptada causó profunda indignación en los familiares de la víctima y motivó duras críticas por parte del abogado querellante, Juan Saucedo, quien cuestionó con severidad el desempeño de la jueza interviniente, Dra. Noha Carolina Durand, y del fiscal del caso, Dr. Facundo Cabral.
La jueza de Garantía subrogante, Dra Noha Carolina Durand, concedió el beneficio por un plazo de tres meses a la menor acusada como coautora del homicidio de la joven de 16 años. La querella denunció «extralimitación jurídica», apuntó contra el fiscal Facundo Cabral y adelantó que apelará la resolución ante el Tribunal de Revisión.
La decisión de la magistrada fue calificada por los representantes de la familia de la víctima como una «extralimitación jurídica», argumentando que procedió de oficio al dictaminar el beneficio. Según sostuvo la querella, los jueces deben resolver en estricta consonancia con los requerimientos expresos de las partes, siendo el fiscal el único titular de la acción penal. Durante la jornada, los querellantes advirtieron, además, que el fallo parecía estar predeterminado de antemano, denunciando que se registraron indicios de mudanzas vinculadas a la imputada un día antes de que se llevara a cabo la audiencia.
Por otra parte, se impugnaron con firmeza los fundamentos logísticos de la detención domiciliaria. La querella alegó que el tribunal no explicó cuáles serán los mecanismos reales y efectivos para asegurar que la menor cumpla con la restricción sin mantener contacto con el exterior, advirtiendo el riesgo latente de que la modalidad virtual de escolarización dispuesta sea utilizada para eludir los límites impuestos. A esto se sumó la objeción por la falta de un control riguroso permanente, ya que la supervisión del domicilio fijado en Santo Tomé quedó supeditada a patrullajes policiales esporádicos.
Disparidad de criterios y el reclamo familiar
Uno de los puntos de mayor fricción radica en la notoria disparidad de criterios del sistema judicial ante una misma calificación jurídico-penal: homicidio agravado por alevosía. Los abogados de la víctima cuestionaron por qué el presunto autor material (un adolescente de 17 años) permanece alojado en un Centro de Contención Juvenil en la capital provincial, mientras que la joven imputada recibió el beneficio domiciliario. Asimismo, la querella refutó el argumento esgrimido en los estrados que apuntaba a una supuesta inexistencia de centros de contención para mujeres en la provincia de Corrientes, ratificando que tales establecimientos sí están operativos.
El dolor y la tensión dominaron la sala de audiencias, donde se permitió la presencia del padre de Cecilia, Raúl Lazcano, pero se le prohibió el ingreso a la madre, Corintia Vila, lo que profundizó el malestar familiar. Ante este escenario, la representación legal de los Lazcano confirmó que recurrirá de inmediato ante el Tribunal de Revisión para impugnar y pedir la nulidad de lo resuelto.
En las próximas horas, las diligencias judiciales continuarán con la recepción de testimonios mediante Cámara Gesell a una persona allegada a la víctima. La querella ratificó que insistirá con la producción de pruebas clave, como el análisis exhaustivo de mensajes de texto y la hipótesis de la participación de terceros, para evitar que la investigación se cierre de forma apresurada y lograr el total esclarecimiento del atroz hecho.
