MONTE CASEROS. – Un operativo de rutina de la Policía Rural de Monte Caseros dejó como saldo una penalización económica millonaria para un productor local que transportaba hacienda de manera irregular. El procedimiento encendió una vez más las alarmas sobre la necesidad de cumplir estrictamente con los requisitos fiscales y sanitarios exigidos para el tránsito de animales en las rutas provinciales.
La intervención policial se concretó cuando los efectivos interceptaron un vehículo que remolcaba un tráiler cargado con 20 cabezas de ganado vacuno. Al momento de solicitarle al conductor los permisos correspondientes, los agentes constataron que el cargamento carecía de la documentación legal obligatoria para el transporte de hacienda en tránsito.
Secuestro preventivo e investigación
Ante la falta de los avales que demostraran la trazabilidad y propiedad inmediata de los animales, la fuerza de seguridad provincial procedió al secuestro preventivo de todo el rodeo y al inicio de las pericias de rigor.
Especialistas en marcas y señales de la Policía Rural llevaron adelante las verificaciones técnicas correspondientes. Tras cruzar datos y cotejar los registros ganaderos, los investigadores lograron acreditar de manera fehaciente el campo de procedencia de los vacunos. Con este paso clave, la Justicia descartó en principio la comisión de un delito penal, como el de abigeato (robo de ganado).
Sanción económica y liberación del lote
A pesar de confirmarse que los animales no eran robados, la informalidad en el traslado no quedó impune. El responsable del transporte, identificado formalmente por las autoridades como Juan Ramón M., quedó involucrado en actuaciones contravencionales por infracción directa al Código de Faltas de la Provincia de Corrientes.
Por esta falta administrativa, se le impuso una multa contravencional de $4.000.000. Tras efectivizarse el pago de la penalización y completarse los trámites legales que demostraban la legítima procedencia, el lote de los 20 vacunos fue finalmente liberado y restituido al infractor. El caso sirvió para ratificar las advertencias oficiales al sector: aunque la hacienda tenga un dueño conocido, salir a las rutas con los papeles «flojos» puede terminar costando millones de pesos.
