CORRIENTES. El Superior Tribunal de Justicia elaboró un anteproyecto de Presupuesto Plurianual del Ejercicio Financiero 2026 y sus proyecciones para los Ejercicios 2027 y 2028. Para el próximo año consideran necesarios fondos por 299.375.732.253 de pesos.
La decisión fue tomada a través del Acuerdo Extraordinario N°6, tras la remisión de parte del Servicio Administrativo Financiero del Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio 2026 (preliminar) y sus proyecciones para los Ejercicios 2027 y 2028.
Así, para el Ejercicio Financiero 2026 se requieren fondos por un total de $299.375.732.253 (pesos doscientos noventa y nueve mil trescientos setenta y cinco millones setecientos treinta y dos mil doscientos cincuenta y tres).
En tanto, para el año 2027 se proyectan recursos por $317.038.900.456 y para el año 2028 una necesidad presupuestaria de $328.769.339.772.
Asimismo, se establece una Planta de Personal Permanente y Temporaria equivalente a 4.194 cargos.
Cabe recordar que la distribución analítica de las partidas se realizará una vez aprobado el Presupuesto del Ejercicio 2026.
Según se indica en el acuerdo extraordinario, el proyecto de presupuesto fue elaborado teniendo en cuenta las pautas macrofiscales establecidas por los órganos rector y coordinador del sistema presupuestario; las órdenes y pautas establecidas por las autoridades superiores; el resultado de las reuniones con los responsables de las distintas áreas de Superintendencia; y el análisis particular del estado de ejecución del Presupuesto vigente, fijándose los guarismos que respaldan las decisiones de política presupuestaria para la Administración de Justicia.
Además, las proyecciones se hicieron en base a pautas definidas por las metas, objetivos y planes trazados por el cuerpo judicial.
Así, se considera la reorganización del Ministerio Público Ley Nº 6640; la oralidad de los procesos civiles según los nuevos códigos procesales, la implementación de nuevas dependencias judiciales y del Ministerio Público; el refuerzo de personal en aquellas que presentan déficit de rendimiento a nivel de recursos humanos, y la profesionalización de la gestión administrativa y jurisdiccional.
Se toma en cuenta asimismo la continuidad en la incorporación de innovación tecnológica en la gestión jurisdiccional y administrativa; y la eliminación del expediente papel, consolidando los sistemas de grabación de audiencias y de digitalización del Archivo Central.
También se proyecta un ambicioso Plan de Obras Públicas de 34.758 m2 que busca construir edificios judiciales modernos, eficientes y sostenibles, aplicando las nuevas normas de construcción junto con las políticas vigentes, adaptando y mejorando los que ya existen con miras a favorecer el acceso a la justicia.
Por último, se indica que se planifica una recomposición salarial con un aumento en los gastos corrientes del 15% final – continuando con la propuesta de recuperación del poder adquisitivo de los haberes judiciales.
Momarandu.com
