GOYA. La Jueza Federal Cristina Pozzer Penzo, con el patrocinio letrado de la abogada Mariana Barbitta, presentó ante la Fiscalía General de la órbita federal en Corrientes una denuncia contra un secretario y un ordenanza del Juzgado Federal de Goya, exponiendo «graves e ilegales acciones que ambos desplegaron en el ejercicio de sus funciones», informaron a través de un comunicado distribuido a los medios de comunicación.
Concretamente se denunciaron 12 hechos acontecidos desde el mes de octubre de 2023, y particularmente en febrero del corriente año, vinculados a la destrucción de elementos de prueba (rompiendo la cadena de custodia), la omisión de cumplir con el deber de remitir información de las distintas causas, incurriendo en injustificadas demoras que han puesto en riesgo los procesos judiciales de diferentes expedientes, la desobediencia de órdenes emitidas por funcionarios superiores (como son la magistrada y la Cámara). También se denunció que el secretario y el ordenanza se arrogaron facultades de jueces/zas y actuaron instruyendo procesos penales sin consultar a la magistrada a cargo del Juzgado cometiendo faltas graves como la de no preservar los datos de denunciantes, víctimas y personas menores de edad.
Además, «Pozzer Penzo viene sufriendo persecuciones, hostigamientos, discriminaciones basadas en motivos de género y amedrentamientos tendientes a “disciplinarla” en razón del ejercicio de su cargo como magistrada, y actualmente se encuentra en una situación de mucha vulnerabilidad porque se ha visto en la obligación de denunciar a quienes durante años han estado trabajando a su lado en el Juzgado, personas en quienes ella había depositado su confianza a nivel profesional y que ahora, motivados por sus intereses, han puesto en riesgo el correcto funcionamiento del Poder Judicial», señala el comunicado distribuido por el estudio de Barbitta.
Y añade que «la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General para que los hechos se investiguen de forma imparcial y objetiva, evitando la intervención de funcionarios que estén «contaminados/as” por su desempeño en la misma justicia que pretende investigarse».
