SANTO TOME. La Corte Provincial conden\u00f3 a una empresa de capitalizaci\u00f3n y ahorro a la devoluci\u00f3n de lo entregado por el consumidor conforme su propia liquidaci\u00f3n, al no demostrar en sede judicial el respaldo del monto que pretend\u00eda entregar al finalizar el contrato. La cuesti\u00f3n qued\u00f3 trabada en una planilla para la cual la firma -dada su organizaci\u00f3n profesional- se encontraba en mejores condiciones de demostrar.<\/p>\n
La sentencia civil N\u00b04\/23 declar\u00f3 inadmisible un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley presentado por la empresa que trataba de abonar a un cliente una suma mucho menor al total de lo aportado.<\/p>\n
El Alto Cuerpo respald\u00f3 la decisi\u00f3n de la C\u00e1mara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santo Tom\u00e9, que hab\u00eda sido muy clara al establecer que el nudo del problema era el modo de determinaci\u00f3n del cumplimiento del contrato.<\/p>\n
Para resolverlo, la C\u00e1mara consider\u00f3 de suma importancia la prueba de la liquidaci\u00f3n de lo que le correspond\u00eda retirar al consumidor -en concepto de rescate definitivo- en tanto se estaba ante una cuesti\u00f3n t\u00e9cnica para la cual la demandada -dada su organizaci\u00f3n profesional- se encontraba en mejores condiciones de demostrarlo.<\/p>\n
Rescate definitivo del monto<\/p>\n
Al respecto el autor del primer voto, doctor Guillermo Horacio Semhan, explicit\u00f3 que no bastaba con las afirmaciones o la mera invocaci\u00f3n de cl\u00e1usulas por parte de la firma. Se\u00f1al\u00f3 que \u00e9stas incluso -en aquellos casos en que fueron establecidas en perjuicio de lo que la ley consumeril establece- fueron sido decretadas como no convenidas, a pesar de que hubieran sido aprobadas por la autoridad de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
Y de esa manera, al estar frente a una operaci\u00f3n matem\u00e1tica-financiera hubiera sido necesario convocar a un tercero imparcial con conocimientos t\u00e9cnicos que explicara c\u00f3mo se arribaba al resultado, los \u00edndices utilizados y dem\u00e1s, lo que no sucedi\u00f3 en la causa.<\/p>\n
Por lo tanto, no hab\u00eda forma de corroborar su veracidad, que m\u00e1s no sea la simple afirmaci\u00f3n de la demandada que insist\u00eda al respecto. Por eso el Tribunal opt\u00f3 por avalar la liquidaci\u00f3n efectuada por la Jueza de primera instancia por estimarla razonable y justa.<\/p>\n
A su voto adhirieron los doctores Luis Eduardo Rey V\u00e1zquez, Eduardo Panseri, y Alejandro Cha\u00edn quien plante\u00f3 una disidencia con respecto a la regulaci\u00f3n de los honorarios profesionales.<\/p>\n
Hechos<\/p>\n
Un hombre promovi\u00f3 una demanda contra una empresa de Capitalizaci\u00f3n y Ahorro con el objeto de que cumpla con el contrato que estipulaba la entrega de un autom\u00f3vil o su valor en plaza al momento de su finalizaci\u00f3n por pago total, con m\u00e1s los intereses punitorios convenidos, en cualquiera de las dos opciones.<\/p>\n
El cliente reclam\u00f3 adem\u00e1s la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os \u2013 moral y punitivo- derivados del incumplimiento de la firma comercial, porque pretendieron entregarle mucho menos de lo que correspond\u00eda, presentando una planilla que no acredit\u00f3 que el resultado de lo que se deb\u00eda abonar cuando finalizara el plan de ahorro coincid\u00eda con lo estipulado en el contrato.<\/p>\n
En este marco, el damnificado reclam\u00f3 el pago de lo depositado o la entrega del autom\u00f3vil, m\u00e1s da\u00f1o moral y da\u00f1o punitivo. En primera instancia se admiti\u00f3 el reclamo original, con m\u00e1s da\u00f1o moral, no as\u00ed al punitivo, que finalmente la C\u00e1mara lo incluy\u00f3.<\/p>\n
Este rubro (da\u00f1o punitivo) refiere a sumas de dinero que se deben abonar a las v\u00edctimas de ciertos il\u00edcitos, que se suman a las indemnizaciones por da\u00f1os realmente experimentados por el damnificado y est\u00e1n destinadas a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro.<\/p>\n
Diferencia de poder entre la empresa y el consumidor<\/p>\n
La C\u00e1mara le dio la raz\u00f3n al cliente porque la firma no acredit\u00f3 que la liquidaci\u00f3n final se corresponda al contrato que firmaron las partes. Sostuvo que ante el conflicto lo que debi\u00f3 hacer es presentar una pericia contable donde se detallen ciertas cuestiones como el valor nominal y sus modificaciones a lo largo del desarrollo del contrato, lo que corresponde al ahorro del consumidor y la tasa pactada.<\/p>\n
Fue contundente en relaci\u00f3n a la asimetr\u00eda de poder entre el hombre y la demandada ya que \u00e9sta impon\u00eda un formulario de adhesi\u00f3n que comprend\u00eda las estipulaciones contractuales o la pretensa imposici\u00f3n de la liquidaci\u00f3n final, sin una explicaci\u00f3n racional en el proceso.<\/p>\n
Los jueces hicieron referencia tambi\u00e9n a la violaci\u00f3n al principio de la buena fe contractual y la dignidad como persona y consumidor, se\u00f1alando la circunstancia de que el actor debi\u00f3 concurrir a los estrados judiciales para obtener el reconocimiento de su calidad de consumidor.<\/p>\n
A diferencia de primera instancia, la C\u00e1mara consider\u00f3 que hab\u00eda que hacer lugar tambi\u00e9n al da\u00f1o punitivo reclamado porque la empresa tuvo un claro prop\u00f3sito de perjudicar al cliente para obtener un r\u00e9dito o beneficio, o al menos, con un grave menosprecio a sus derechos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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