{"id":17223,"date":"2026-08-31T15:30:32","date_gmt":"2026-08-31T18:30:32","guid":{"rendered":"https:\/\/digitalsantotome.com.ar\/?p=17223"},"modified":"2026-08-31T15:55:36","modified_gmt":"2026-08-31T18:55:36","slug":"comunicado-de-la-parte-querellante-en-el-caso-del-femicidio-de-caso-de-emilce-cecilia-lazcano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/digitalsantotome.com.ar\/?p=17223","title":{"rendered":"Comunicado de la parte querellante en el caso del femicidio de Emilce Cecilia Lazcano"},"content":{"rendered":"<p><strong>SANTO TOME &#8211; ALVEAR. ESTADO DE LA CAUSA. GRAVES CUESTIONAMIENTOS A LA AUDIENCIA DE COERCI\u00d3N. IMPUGNACI\u00d3N DE LA RESOLUCI\u00d3N. CUESTIONAMIENTOS A LA ACTUACI\u00d3N FISCAL. DERECHOS DE LAS V\u00cdCTIMAS, PUBLICIDAD DE LOS ACTOS JUDICIALES Y LIBERTAD DE PRENSA. ESTE ES UN COMUNICADO QUE LA FAMILIA DE LA V\u00cdCTIMA HIZO LLEGAR A DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION EN HORAS DEL MEDIO DIA DE ESTE LUNES.<\/strong><\/p>\n<p><strong> <em>ADELANTARON QUE PEDIR\u00c1N EL APARTAMIENTO DEL FISCAL FACUNDO CABRAL DE LA CAUSA.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La familia de Cecilia Emilce LAZCANO y su representaci\u00f3n legal informan a la comunidad el estado actual de la investigaci\u00f3n por su homicidio, los fundamentos de la impugnaci\u00f3n formulada contra la medida de coerci\u00f3n dispuesta el 28 de agosto de 2026 y los graves interrogantes que, a criterio de esta querella, dej\u00f3 aquella audiencia.<\/p>\n<p>Al mismo tiempo, expresan su reconocimiento a los periodistas y medios de comunicaci\u00f3n locales, provinciales y nacionales que mantuvieron el caso bajo escrutinio p\u00fablico y que, mediante preguntas leg\u00edtimas y necesarias, obligaron a revisar una explicaci\u00f3n inicial vinculada con un supuesto suicidio que hoy aparece frontalmente contradicha por la propia hip\u00f3tesis criminal formalizada por el Ministerio P\u00fablico Fiscal.<\/p>\n<p>La publicidad y el control ciudadano sobre la actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos no constituyen una interferencia en la Justicia. Constituyen una garant\u00eda republicana.<\/p>\n<p>I.- QUI\u00c9NES INTERVINIERON EN LA AUDIENCIA DEL 28 DE AGOSTO<\/p>\n<p>La Resoluci\u00f3n N.\u00b0 492, dictada en el Legajo Judicial N.\u00b0 23.718\/26, vinculado al LIF N.\u00b0 144.536\/26, deja documentado que en la audiencia intervinieron la Dra. Claudia Luco MONTERO, como Jueza de Garant\u00edas; el Dr. V\u00edctor Facundo CABRAL, como Fiscal de Investigaciones; el Dr. Jos\u00e9 Carlos SUAID, como Defensor Oficial; y la Dra. Francilina Carmelita Itat\u00ed NIVEYRO, como Asesora de Menores.<\/p>\n<p>Comparecieron asimismo la adolescente imputada, a quien en este comunicado se individualiza exclusivamente como N.Y.L., y sus progenitores, identificados como O.L. y M.B.M., preserv\u00e1ndose deliberadamente sus nombres completos porque la publicaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n y parentesco permitir\u00eda identificar a la menor.<\/p>\n<p>Por la v\u00edctima intervinieron sus padres, Ra\u00fal Enrique LAZCANO y Manuela Corintia VILA, junto con su abogado querellante, Dr. Juan Eduardo SAUCEDO, quienes participaron mediante conexi\u00f3n remota. Todo ello surge de la propia resoluci\u00f3n judicial.<\/p>\n<p>Esta reserva de la identidad de la imputada y de los datos filiatorios de sus progenitores responde espec\u00edficamente al art. 8, incs. i) y j), de la Ley Provincial 6.736, a los arts. 10 y 22 de la Ley Nacional 26.061 y al art. 16 de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o. La querella respeta esas normas y continuar\u00e1 haci\u00e9ndolo. Lo que cuestiona es que su leg\u00edtima finalidad sea extendida hasta convertir la protecci\u00f3n de una adolescente en una prohibici\u00f3n gen\u00e9rica de informar o criticar la actuaci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n<p>II.- LO QUE HOY SOSTIENE FORMALMENTE LA PROPIA FISCAL\u00cdA: NO SE INVESTIGA UN SUICIDIO, SINO LA SIMULACI\u00d3N DE UN SUICIDIO PARA DESVIAR LA INVESTIGACI\u00d3N<\/p>\n<p>El Acta de Formalizaci\u00f3n de la Imputaci\u00f3n del 28 de agosto de 2026, suscripta por el Fiscal Dr. V\u00edctor Facundo Daniel CABRAL, atribuye a N.Y.L. haber elaborado previamente, junto con J.G., un plan destinado a causar la muerte de Cecilia Emilce LAZCANO.<\/p>\n<p>La imputaci\u00f3n fiscal sostiene que existieron comunicaciones mediante WhatsApp relativas a la ejecuci\u00f3n del hecho, los medios a emplear y, especialmente, la forma de simular un suicidio con la finalidad de desviar la investigaci\u00f3n. El Ministerio P\u00fablico calific\u00f3 provisoriamente el hecho como homicidio agravado por ensa\u00f1amiento y alevos\u00eda y por el concurso premeditado de dos o m\u00e1s personas, conforme al art. 80, incs. 2\u00b0 y 6\u00b0, del C\u00f3digo Penal, atribuyendo coautor\u00eda material en los t\u00e9rminos del art. 45 del C\u00f3digo Penal. Acta de formalizaci\u00f3n Lezcano Nicol -LIF 144536.pdf<\/p>\n<p><strong>Este dato resulta central.<\/strong><\/p>\n<p>La hip\u00f3tesis de que Cecilia se habr\u00eda quitado voluntariamente la vida no constituye hoy la teor\u00eda del caso del Ministerio P\u00fablico. Por el contrario, la propia formalizaci\u00f3n fiscal sostiene que la escena habr\u00eda sido deliberadamente preparada para aparentar un suicidio y desviar la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por esa raz\u00f3n, la querella considera indispensable esclarecer c\u00f3mo, por qu\u00e9, sobre qu\u00e9 elementos objetivos y desde qu\u00e9 \u00e1mbito se instal\u00f3 inicialmente la hip\u00f3tesis del suicidio, qu\u00e9 diligencias se realizaron a partir de ella, cu\u00e1les dejaron de realizarse y en qu\u00e9 momento concreto fue descartada.<\/p>\n<p>La querella califica aquella instalaci\u00f3n prematura como espuria en cuanto pudo presentar como explicaci\u00f3n plausible aquello que la propia investigaci\u00f3n fiscal sostiene ahora que habr\u00eda formado parte de la maniobra criminal destinada a desorientar a los investigadores.<\/p>\n<p><strong>No se trata de una diferencia sem\u00e1ntica.<\/strong><\/p>\n<p>Determinar qui\u00e9n instal\u00f3 esa hip\u00f3tesis, sobre qu\u00e9 base y qu\u00e9 consecuencias investigativas produjo forma parte del esclarecimiento integral que la familia reclama.<\/p>\n<p><strong>III.- LA MEDIDA DE COERCI\u00d3N: LA QUERELLA NO DESCONOCE EL R\u00c9GIMEN JUVENIL, PERO EXIGE QUE LOS RIESGOS PROCESALES SEAN RESPONDIDOS CON FUNDAMENTOS<\/strong><\/p>\n<p>La querella requiri\u00f3 durante la audiencia una medida de coerci\u00f3n de mayor intensidad frente a los concretos riesgos de entorpecimiento que sostuvo y desarroll\u00f3: posible eliminaci\u00f3n de informaci\u00f3n digital, evidencia electr\u00f3nica todav\u00eda pendiente de recuperaci\u00f3n y an\u00e1lisis, necesidad de establecer la participaci\u00f3n de terceras personas y circunstancias vinculadas con familiares de la imputada que, seg\u00fan fue argumentado por esta representaci\u00f3n, deb\u00edan ser evaluadas en cuanto a su posible incidencia sobre la producci\u00f3n y preservaci\u00f3n de la prueba.<\/p>\n<p>Debe efectuarse aqu\u00ed una precisi\u00f3n jur\u00eddica esencial: la querella no desconoce que el art. 13 de la Ley 6.736 establece como principio general la libertad de la persona menor de edad y que su art. 14 confiere car\u00e1cter excepcional a las medidas de coerci\u00f3n personal. Precisamente por ello, una medida restrictiva s\u00f3lo puede fundarse en circunstancias concretas y no en la mera gravedad abstracta del delito.<\/p>\n<p><strong>Pero aquella excepcionalidad tampoco significa inexistencia de coerci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p>El art. 17 de la Ley 6.736 contempla medidas coercitivas para adolescentes y el r\u00e9gimen procesal general, de aplicaci\u00f3n supletoria conforme al art. 3 de esa misma ley, establece en los arts. 232, 233 y 234 del C\u00f3digo Procesal Penal de Corrientes que las medidas est\u00e1n dirigidas precisamente a neutralizar peligros de fuga o de entorpecimiento de la investigaci\u00f3n, debiendo justificarse tanto la existencia del riesgo como la necesidad de la medida en relaci\u00f3n con otras menos gravosas.<\/p>\n<p><strong>La cuesti\u00f3n planteada por esta querella es, entonces, estrictamente jur\u00eddica:<\/strong><\/p>\n<p>\u00bfLas medidas concretamente seleccionadas neutralizan razonablemente los riesgos de entorpecimiento probatorio denunciados? \u00bfY d\u00f3nde se encuentra desarrollada esa respuesta en la resoluci\u00f3n?<\/p>\n<p>La Dra. Claudia Luco MONTERO dispuso que N.Y.L. quedara sometida al cuidado y vigilancia de su progenitora, al amparo del art. 232, inc. b), del CPP, pudiendo concurrir a un establecimiento educativo en Santo Tom\u00e9, debiendo realizar tratamiento psicoterap\u00e9utico y teniendo prohibido salir de esa ciudad sin previo aviso a la Fiscal\u00eda o concurrir a Alvear.<\/p>\n<p><strong>No se dispuso arresto domiciliario. Tampoco se dispuso prisi\u00f3n preventiva.<\/strong><\/p>\n<p>La querella sostiene que correspond\u00eda explicar de manera concreta c\u00f3mo esas medidas impedir\u00e1n eventuales comunicaciones con terceros, coordinaciones, eliminaci\u00f3n o manipulaci\u00f3n de evidencia todav\u00eda no extra\u00edda o cualquier otra interferencia con diligencias pendientes.<\/p>\n<p>Porque el art. 20 del CPP de Corrientes es terminante: toda resoluci\u00f3n debe expresar sus fundamentos de hecho y de derecho, y la motivaci\u00f3n no puede ser reemplazada por simples relaciones documentales, afirmaciones dogm\u00e1ticas, ficciones legales o expresiones rituales.<\/p>\n<p>IV.- UNA CONTRADICCI\u00d3N OBJETIVA DE LA PROPIA RESOLUCI\u00d3N: \u201cHABIENDO ACUERDO DE PARTES\u201d CUANDO LA QUERELLA SE OPUSO Y RECURRI\u00d3<\/p>\n<p>Existe adem\u00e1s un extremo documental que merece particular atenci\u00f3n.<\/p>\n<p>En sus considerandos, la Resoluci\u00f3n N.\u00b0 492 expresa que correspond\u00eda resolver \u201chabiendo acuerdo de partes\u201d.<\/p>\n<p>Sin embargo, en esa misma resoluci\u00f3n la magistrada debi\u00f3 declarar admisible la impugnaci\u00f3n formulada por la querella y disponer la formaci\u00f3n del respectivo legajo para su remisi\u00f3n a los jueces de revisi\u00f3n, conforme a los arts. 416, 418 y 420 del C\u00f3digo Procesal Penal.<\/p>\n<p>La contradicci\u00f3n es evidente y requiere explicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Una parte que se opuso al temperamento adoptado, solicit\u00f3 una medida diferente y recurri\u00f3 inmediatamente la decisi\u00f3n no puede ser presentada, sin m\u00e1s explicaci\u00f3n, como integrante de un supuesto \u201cacuerdo de partes\u201d.<\/p>\n<p>La querella considera que esa incompatibilidad interna adquiere particular relevancia frente al deber reforzado de fundamentaci\u00f3n que impone el art. 20 CPP.<\/p>\n<p>Por esa raz\u00f3n, se encuentra sometida a revisi\u00f3n la decisi\u00f3n adoptada.<\/p>\n<p>V.- LOS PADRES DE CECILIA SON V\u00cdCTIMAS EN SENTIDO JUR\u00cdDICO, NO MEROS ESPECTADORES DEL PROCESO<\/p>\n<p>Ra\u00fal Enrique LAZCANO y Manuela Corintia VILA no comparecen al expediente por una concesi\u00f3n institucional.<\/p>\n<p>La ley les reconoce expresamente calidad de v\u00edctimas.<\/p>\n<p>El art. 98, inc. b), del CPP de Corrientes considera v\u00edctimas a los padres cuando el delito ha causado la muerte de su hijo. El art. 12 reconoce a toda v\u00edctima el derecho a la tutela judicial efectiva, a la protecci\u00f3n integral y a participar aut\u00f3nomamente en el proceso.<\/p>\n<p>El art. 99, incs. h) e i), les permite examinar actuaciones disponibles, conocer el estado del proceso y aportar informaci\u00f3n y prueba. Y su inc. j) reconoce expresamente el derecho a ser escuchados antes de decisiones sobre medidas de coerci\u00f3n o libertad del imputado, siempre que lo soliciten expresamente.<\/p>\n<p>Eso fue precisamente lo que debi\u00f3 realizar la querella durante la audiencia: solicitar expresamente que se escuchara a los padres de Cecilia.<\/p>\n<p>Una vez formulada esa petici\u00f3n, escucharlos no constitu\u00eda una cortes\u00eda judicial: constitu\u00eda el ejercicio de un derecho procesal reconocido por ley.<\/p>\n<p>La madre de Cecilia pudo entonces expresar ante el tribunal la dimensi\u00f3n concreta e irreversible de lo sucedido: mientras el sistema debat\u00eda las condiciones bajo las cuales una persona imputada continuar\u00eda estudiando y desarrollando su vida cotidiana, Cecilia ya no podr\u00eda volver a estudiar, defenderse, formular proyectos, construir su futuro ni regresar con sus padres.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n reclam\u00f3 una explicaci\u00f3n sobre las diferencias entre las medidas aplicadas a los distintos imputados. La igualdad constitucional no significa necesariamente identidad autom\u00e1tica de tratamientos, pero s\u00ed exige que toda diferencia posea fundamento jur\u00eddico y f\u00e1ctico objetivo, conforme al art. 16 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n<p>Finalmente, el art. 107 CPP reconoce a la querella el derecho a ejercer la acci\u00f3n penal conjuntamente con el fiscal y, en las oportunidades previstas legalmente, actuar aut\u00f3nomamente. La v\u00edctima no es un ap\u00e9ndice del Ministerio P\u00fablico Fiscal.<\/p>\n<p>VI.- LA ACTUACI\u00d3N DEL FISCAL TAMBI\u00c9N EST\u00c1 SOMETIDA A LA LEY, AL CONTROL DE LAS V\u00cdCTIMAS Y A LA RENDICI\u00d3N DE CUENTAS<\/p>\n<p>La querella formular\u00e1 los planteos correspondientes respecto de la actuaci\u00f3n del Dr. V\u00edctor Facundo CABRAL.<\/p>\n<p>No se trata de sostener que un fiscal deba adoptar necesariamente la posici\u00f3n de la v\u00edctima. Su funci\u00f3n no es representar a la querella.<\/p>\n<p>Pero tampoco posee discrecionalidad ilimitada.<\/p>\n<p>El art. 70 del C\u00f3digo Procesal Penal de Corrientes establece expresamente que el fiscal tiene obligaci\u00f3n de motivar sus requerimientos y resoluciones y que debe actuar conforme a los principios de objetividad y lealtad procesal.<\/p>\n<p>En id\u00e9ntico sentido, los arts. 1 y 3 de la Ley Org\u00e1nica del Ministerio P\u00fablico \u2014Decreto Ley 21\/00\u2014 disponen que el organismo debe actuar en defensa del inter\u00e9s p\u00fablico, los derechos y garant\u00edas de las personas y la correcta y justa aplicaci\u00f3n de la ley, sujet\u00e1ndose a los principios de legalidad e imparcialidad.<\/p>\n<p>El propio sistema prev\u00e9 el control de esa actuaci\u00f3n. El art. 72 CPP autoriza a las dem\u00e1s partes a objetar ante el Fiscal General la actuaci\u00f3n del fiscal y de los funcionarios policiales sometidos a su direcci\u00f3n. Y el art. 73 CPP admite la recusaci\u00f3n cuando exista cualquier circunstancia que, por su gravedad, pueda afectar la objetividad del fiscal en el caso. El art. 74 regula su tr\u00e1mite y exige que el planteo sea sustentado en motivos y elementos probatorios concretos.<\/p>\n<p>En ese marco \u2014y no mediante imputaciones ret\u00f3ricas carentes de sustento\u2014 esta querella promover\u00e1 el planteo correspondiente, basado en actos concretos, documentados y susceptibles de control institucional.<\/p>\n<p>VII.- LA EVIDENCIA DIGITAL DEBE SER PRESERVADA, EXTRA\u00cdDA Y ANALIZADA CON ABSOLUTAS GARANT\u00cdAS DE INTEGRIDAD E INDEPENDENCIA<\/p>\n<p>El acta de formalizaci\u00f3n enumera entre la evidencia de cargo tel\u00e9fonos celulares, an\u00e1lisis digitales efectuados por UFIE, informaci\u00f3n proveniente de comunicaciones, dispositivos secuestrados y secuencias f\u00edlmicas. Acta de formalizaci\u00f3n Lezcano Nicol -LIF 144536.pdf<\/p>\n<p>Frente a la trascendencia que posee esa prueba, la querella solicitar\u00e1 que la extracci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y an\u00e1lisis integral de los dispositivos sean efectuados con m\u00e1ximas garant\u00edas t\u00e9cnicas y de independencia.<\/p>\n<p>El art. 165 CPP obliga a preservar los efectos secuestrados mediante una cadena de custodia que garantice su identidad, estado y conservaci\u00f3n, con registro de todas las personas que entren en contacto con ellos.<\/p>\n<p>Asimismo, el art. 78 CPP dispone que el fiscal debe apartar a una fuerza de seguridad cuando, de las circunstancias investigadas, surja que miembros de ella podr\u00edan encontrarse involucrados en los hechos.<\/p>\n<p>Por ello, si las circunstancias objetivas vinculadas con funcionarios policiales justifican la aplicaci\u00f3n de esa norma, la querella requerir\u00e1 su efectivo cumplimiento y solicitar\u00e1 que las pericias digitales sean confiadas, dentro del marco jur\u00eddico correspondiente, a una fuerza federal u organismo t\u00e9cnico especializado ajeno a cualquier potencial conflicto de intereses.<\/p>\n<p>No se pretende desplazar arbitrariamente a las instituciones locales.<\/p>\n<p>Se pretende que la prueba digital sea t\u00e9cnicamente incontrovertible.<\/p>\n<p><strong>VIII.- LA \u201cMORDAZA\u201d: UNA COSA ES PROTEGER LA IDENTIDAD DE UNA ADOLESCENTE Y OTRA MUY DIFERENTE PROHIBIR EL CONTROL P\u00daBLICO SOBRE JUECES Y FISCALES<\/strong><\/p>\n<p>El punto 7 de la Resoluci\u00f3n N.\u00b0 492 impuso a las partes la reserva de la investigaci\u00f3n y de los datos personales por tratarse de menores, mencionando como fundamento el \u201cart. 5 inc. i) de la Ley 6.736\u201d.<\/p>\n<p>Existe all\u00ed, como m\u00ednimo, un error normativo objetivo.<\/p>\n<p>El art. 5 de la Ley 6.736 se limita a establecer el deber de colaboraci\u00f3n y auxilio de autoridades y funcionarios y no contiene inciso i). Las normas correspondientes son el art. 8, inc. i) \u2014reserva de las actuaciones\u2014 y el art. 8, inc. j) \u2014prohibici\u00f3n de divulgar datos que permitan individualizar al adolescente\u2014.<\/p>\n<p>Esta querella cumplir\u00e1 escrupulosamente esas disposiciones.<\/p>\n<p>Pero ninguna de ellas dispone que los actos de un fiscal, de un juez o de otros funcionarios judiciales se conviertan en materia secreta e inmune al control ciudadano.<\/p>\n<p>La interpretaci\u00f3n debe efectuarse arm\u00f3nicamente con la Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p>El art. 6 de la Constituci\u00f3n de Corrientes garantiza la libertad de palabra y reconoce expresamente a toda persona el derecho de examinar y censurar la conducta de los poderes y funcionarios p\u00fablicos. M\u00e1s a\u00fan: proh\u00edbe dictar medidas que restrinjan el ejercicio de aquella libertad, sin perjuicio de la responsabilidad ulterior por sus abusos.<\/p>\n<p>El art. 16 de la Constituci\u00f3n provincial establece la responsabilidad de todos los funcionarios y empleados p\u00fablicos; el art. 21 ordena la publicaci\u00f3n de los actos de gobierno y exige garantizar al ciudadano acceso oportuno, actualizado, completo y gratuito a su conocimiento.<\/p>\n<p>El art. 27 determina que las resoluciones de las autoridades que introduzcan restricciones adicionales a las libertades constitucionales resultan incompatibles con la Constituci\u00f3n, mientras que el art. 28 somete la actuaci\u00f3n estatal a los principios de legalidad, imparcialidad, igualdad y publicidad.<\/p>\n<p>Y el art. 193 de la Constituci\u00f3n de Corrientes establece, como principio, que los procedimientos judiciales son p\u00fablicos, sin perjuicio de las excepciones justificadas que la propia Constituci\u00f3n admite.<\/p>\n<p>A nivel federal, el art. 14 de la Constituci\u00f3n Nacional garantiza el derecho a publicar las ideas por la prensa sin censura previa; el art. 18, el debido proceso y la defensa en juicio; y el art. 75, inc. 22, confiere jerarqu\u00eda constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.<\/p>\n<p>Finalmente, el art. 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho de buscar, recibir y difundir informaci\u00f3n y establece que la libertad de expresi\u00f3n no puede quedar sometida a censura previa, sin perjuicio de responsabilidades ulteriores fijadas legalmente y necesarias para proteger derechos de terceros.<\/p>\n<p>Por lo tanto, las normas deben armonizarse de este modo:<\/p>\n<p>se protege estrictamente la identidad, privacidad, filiaci\u00f3n y datos personales de los adolescentes; pero esa protecci\u00f3n no puede transformarse en inmunidad institucional de los funcionarios ni impedir que las v\u00edctimas y la prensa informen, pregunten, cuestionen y controlen los actos estatales.<\/p>\n<p>Esa es la diferencia entre proteger a un menor y silenciar el debate p\u00fablico.<\/p>\n<p><strong>IX.- RECONOCIMIENTO EXPRESO A LA PRENSA: PREGUNTAR NO ES OBSTRUIR LA JUSTICIA<\/strong><\/p>\n<p>La familia de Cecilia y esta querella quieren efectuar un reconocimiento especial a los periodistas y medios de comunicaci\u00f3n que no abandonaron el caso, formularon preguntas, contrastaron versiones y mantuvieron bajo observaci\u00f3n p\u00fablica el desarrollo de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Esa tarea ha generado incomodidad.<\/p>\n<p>Y, a criterio de esta representaci\u00f3n, ha resultado especialmente inc\u00f3moda para quienes debieron explicar la evoluci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, incluida la Fiscal\u00eda de Investigaciones a cargo del Dr. V\u00edctor Facundo CABRAL, particularmente frente al interrogante central acerca de la hip\u00f3tesis inicial del suicidio.<\/p>\n<p>Pero esa incomodidad institucional no constituye un problema democr\u00e1tico.<\/p>\n<p>Es precisamente una de las razones por las cuales existe la libertad de prensa.<\/p>\n<p>Hoy existe un dato oficial imposible de soslayar: la misma Fiscal\u00eda que conduce la investigaci\u00f3n formaliz\u00f3 una imputaci\u00f3n cuya teor\u00eda sostiene que el suicidio habr\u00eda sido deliberadamente simulado para desviar a los investigadores.<\/p>\n<p>Por eso los medios ten\u00edan derecho a preguntar.<\/p>\n<p>Por eso la familia ten\u00eda derecho a desconfiar de explicaciones prematuras.<\/p>\n<p>Y por eso resulta indispensable conocer c\u00f3mo una hip\u00f3tesis que hoy integra, seg\u00fan la propia acusaci\u00f3n fiscal, la maniobra de encubrimiento de un homicidio pudo haber sido instalada en los primeros momentos como explicaci\u00f3n de la muerte de Cecilia.<\/p>\n<p>La Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, lejos de negar toda funci\u00f3n a los medios, reconoce expresamente en su art. 17 la importante funci\u00f3n que \u00e9stos desempe\u00f1an. La protecci\u00f3n especial de los adolescentes debe coexistir, entonces, con un periodismo responsable que preserve su identidad pero pueda investigar la actuaci\u00f3n del Estado.<\/p>\n<p>La prensa que pregunta no entorpece la Justicia.<br \/>\nLa obliga a explicar sus actos.<\/p>\n<p><strong>X.- MEDIDAS QUE CONTINUAR\u00c1 IMPULSANDO LA QUERELLA<\/strong><\/p>\n<p>Ante este escenario, la representaci\u00f3n de Ra\u00fal Enrique LAZCANO y Manuela Corintia VILA continuar\u00e1 actuando exclusivamente por las v\u00edas legales correspondientes.<\/p>\n<p>Se sostendr\u00e1 la impugnaci\u00f3n contra la medida de coerci\u00f3n, que ya fue declarada formalmente admisible por la propia Jueza de Garant\u00edas y remitida al \u00f3rgano revisor.<\/p>\n<p><strong>Se promover\u00e1 el control y recusaci\u00f3n del Fiscal Dr. V\u00edctor Facundo CABRAL, en la medida y con los fundamentos probatorios correspondientes, conforme a los arts. 70, 72, 73 y 74 CPP, por encontrarse comprometida \u2014seg\u00fan la posici\u00f3n jur\u00eddica de esta querella\u2014 la confianza objetiva indispensable para la continuidad de su intervenci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p>Se requerir\u00e1 la preservaci\u00f3n integral, extracci\u00f3n forense, recuperaci\u00f3n y an\u00e1lisis independiente de la evidencia digital, con estricto cumplimiento de los arts. 165 y 203 CPP, procurando la intervenci\u00f3n de un organismo t\u00e9cnico o fuerza federal cuando las circunstancias legales permitan y aconsejen esa soluci\u00f3n.<\/p>\n<p>Se insistir\u00e1 en esclarecer la eventual intervenci\u00f3n de terceras personas, recuperar informaci\u00f3n eventualmente eliminada, reconstruir comunicaciones y desplazamientos y determinar de manera exhaustiva las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores al homicidio.<\/p>\n<p>Y se reclamar\u00e1 una explicaci\u00f3n completa acerca de c\u00f3mo surgi\u00f3 y qu\u00e9 consecuencias tuvo la hip\u00f3tesis inicial del suicidio, frente a una formalizaci\u00f3n fiscal que sostiene ahora precisamente lo contrario: que aquel suicidio habr\u00eda sido simulado para desviar la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>XI.- LA FAMILIA NO PIDE PRIVILEGIOS. EXIGE QUE LA LEY SEA CUMPLIDA PARA TODOS<\/p>\n<p>Ra\u00fal Enrique LAZCANO y Manuela Corintia VILA no reclaman condenas anticipadas.<\/p>\n<p>No desconocen la presunci\u00f3n de inocencia.<\/p>\n<p>No desconocen el r\u00e9gimen especial de protecci\u00f3n que corresponde a los adolescentes.<\/p>\n<p>No desconocen que toda persona imputada posee derechos y garant\u00edas constitucionales.<\/p>\n<p>Exigen exactamente lo mismo para ellos como v\u00edctimas: que sus derechos no sean tratados como derechos de segunda categor\u00eda.<\/p>\n<p>El sistema acusatorio reconoce derechos al imputado, pero tambi\u00e9n reconoce a la v\u00edctima tutela judicial efectiva, acceso a informaci\u00f3n, participaci\u00f3n, derecho a producir prueba, derecho a ser o\u00edda, facultad recursiva y autonom\u00eda de la querella.<\/p>\n<p>No existe contradicci\u00f3n entre garant\u00edas del imputado y derechos de la v\u00edctima.<\/p>\n<p>La Justicia debe proteger ambos.<\/p>\n<p>Y cuando una decisi\u00f3n estatal afecta esos derechos, la Constituci\u00f3n permite cuestionarla.<\/p>\n<p>Cuando un fiscal adopta una decisi\u00f3n, la ley permite controlarla.<\/p>\n<p>Cuando un juez resuelve, debe fundamentar.<\/p>\n<p>Y cuando existen actos de gobierno o actuaciones de funcionarios p\u00fablicos de evidente inter\u00e9s social, la prensa tiene derecho a preguntar y la sociedad tiene derecho a saber, con la \u00fanica e infranqueable limitaci\u00f3n de no vulnerar la identidad y privacidad protegida de los adolescentes involucrados.<\/p>\n<p>XII.- MARCHA DEL SILENCIO POR CECILIA<\/p>\n<p>La familia convoca a la comunidad a acompa\u00f1ar la Marcha del Silencio por Justicia para Cecilia, que tendr\u00e1 lugar el lunes 31 de agosto, a las 19:00 horas, en la Plazoleta La Hermandad de la localidad de Alvear, Corrientes.<\/p>\n<p>Ser\u00e1 una manifestaci\u00f3n pac\u00edfica para reclamar:<\/p>\n<p>VERDAD.<br \/>\nJUSTICIA.<br \/>\nTRANSPARENCIA.<br \/>\nINVESTIGACI\u00d3N INDEPENDIENTE.<br \/>\nRESPETO POR LOS DERECHOS DE LAS V\u00cdCTIMAS.<\/p>\n<p>Cecilia ya no puede hablar.<br \/>\nSu familia tiene derecho a hacerlo.<\/p>\n<p>\u2e3b<\/p>\n<p>PARTE QUERELLANTE<\/p>\n<p>Ra\u00fal Enrique LAZCANO y Manuela Corintia VILA<br \/>\nPadres de Cecilia Emilce LAZCANO<\/p>\n<p>Dr. Juan E. SAUCEDO<br \/>\nAbogado de la Parte Querellante<\/p>\n<p>Ejercicio profesional desde 2012. Matr\u00edculas informadas oficialmente en el sitio profesional: C.A.S.I., T\u00b0 XLVI \u2013 F\u00b0 311; C\u00e1mara Federal de Apelaciones de San Mart\u00edn, T\u00b0 119 \u2013 F\u00b0 463; C.P.A.C.F., T\u00b0 117 \u2013 F\u00b0 178; C.A.E.R., Matr\u00edcula N.\u00b0 11.357; C.P.A.C., Matr\u00edcula N.\u00b0 1-14950.<\/p>\n<p>Estudio Jur\u00eddico Dr. Juan Saucedo: Sitio web oficial\u2060\ufffc<br \/>\nCorreo profesional:\u00a0<a href=\"mailto:info@drjuansaucedo.com.ar\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">info@drjuansaucedo.com.ar<\/a>\u00a0|\u00a0<a href=\"mailto:legalidadplena@gmail.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legalidadplena@gmail.com<\/a><br \/>\nRedes oficiales: TikTok \u2014 @dr.juansaucedo\u2060\ufffc \u00b7 Instagram \u2014 @dr.juansaucedo\u2060\ufffc \u00b7<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SANTO TOME &#8211; ALVEAR. ESTADO DE LA CAUSA. 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