CORRIENTES. El Superior Tribunal de Justicia confirm\u00f3 la sentencia que obliga a la Municipalidad de Santo Tom\u00e9 a eliminar el basural a cielo abierto de esa ciudad y aplicar un plan integral de manejo de residuos.<\/p>\n
La existencia de un basural sin ning\u00fan tratamiento, la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental actualizado y la conducta poco diligente del Municipio de Santo Tom\u00e9 tanto en el proceso judicial como en el tr\u00e1mite administrativo constituyeron los factores determinantes por los cuales la Corte Provincial conden\u00f3 al Ejecutivo comunal.<\/p>\n
Por unanimidad, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, consideraron ciertos y actuales los riesgos a la salud. Aunque no se pudiera justificar un da\u00f1o concreto a la integridad psicof\u00edsica de las personas, se\u00f1alaron que deb\u00edan proteger el medio ambiente.<\/p>\n
Una vez que los jueces comprueban el car\u00e1cter contaminante del basural a cielo abierto y su incidencia en la degradaci\u00f3n del ecosistema, las normas los habilitan a tomar las medidas que sean necesarias, de modo de prevenir (o hacer cesar) la actividad contaminante.<\/p>\n
La sentencia N\u00b010\/24, con el primer voto del doctor Luis Eduardo Rey V\u00e1zquez, orden\u00f3 a las autoridades municipales a cumplir un plan de manejo ambiental e informar a la C\u00e1mara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Santo Tom\u00e9 sus avances de forma peri\u00f3dica. Finalmente, desestim\u00f3 los argumentos que cuestionaban la decisi\u00f3n judicial.<\/p>\n
Gesti\u00f3n de <\/strong>Residuos Domiciliarios<\/strong><\/p>\n Los ministros reconocieron que el basural a cielo abierto de esa ciudad -en el que habitaban familias- implicaba el riesgo inminente de contraer enfermedades. En ese sentido, el fallo tom\u00f3 como base la Ley N\u00b0 6.422 de Presupuestos M\u00ednimos para la Gesti\u00f3n de Residuos Domiciliarios, que establece la obligaci\u00f3n de los municipios de implementar un sistema integral para el manejo de estos desechos.<\/p>\n Justamente, el art\u00edculo 7 se refiere a la prioridad\u00a0 de las acciones tendientes a prevenir y reducir la cantidad de residuos generados y sus impactos negativos y disminuir los riesgos para la salud p\u00fablica y el ambiente. Adem\u00e1s ordena el uso de metodolog\u00edas y tecnolog\u00edas evaluadas y calificadas para el tratamiento y disposici\u00f3n final de los residuos s\u00f3lidos urbanos, e informar a los ciudadanos sobre la acci\u00f3n p\u00fablica en materia de gesti\u00f3n de los residuos.<\/p>\n Y el art\u00edculo 10 establece la obligaci\u00f3n de realizar una evaluaci\u00f3n de impacto ambiental previo, y otorgar el certificado de aptitud ambiental para la instalaci\u00f3n de rellenos controlados o sanitarios, p\u00fablicos y\/o privados.<\/p>\n Como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, el municipio evidenci\u00f3 a lo largo de todo el proceso de amparo una conducta poco comprometida, algo que se observ\u00f3 tambi\u00e9n en el expediente administrativo del estudio de impacto ambiental (que reci\u00e9n el Ejecutivo realiz\u00f3 tras la orden judicial en una medida cautelar previa). La Municipalidad argumentaba que el plan de manejo ambiental no pod\u00eda fijarse por sentencia, y que era su potestad, lo que fue rechazado por la Corte Provincial.<\/p>\n Antecedentes <\/strong><\/p>\n La C\u00e1mara de Apelaciones con competencia Administrativo y Electoral de Capital hab\u00eda dado curso \u00a0al amparo, al tener en cuenta que estaba en juego el derecho a un ambiente sano, y eso comprend\u00eda el derecho de la salud. Ese derecho se encuentra consagrado tanto en la Constituci\u00f3n Nacional como en la Provincial, y en la Carta Org\u00e1nica Municipal.<\/p>\n Sus integrantes expresaron que, por desidia u omisi\u00f3n, la municipalidad lesion\u00f3 derechos. Esa sentencia se hab\u00eda limitado a hacer cumplir las leyes que promueven la protecci\u00f3n del medio ambiente y la prevenci\u00f3n de da\u00f1os, permitiendo a los ciudadanos el libre ejercicio de derechos fundamentales.<\/p>\n Agregaron que el municipio no demostr\u00f3 ejercer acciones positivas sino luego de recibir la orden judicial tal como surge de la medida cautelar. Con anterioridad, no acredit\u00f3 el cumplimiento de sus deberes.<\/p>\n Expediente N\u00b0 TDC 369\/18, caratulado: \u00abETCHEGARAY CENTENO EDUARDO RAUL C\/ MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME S\/ AMPARO (FUERO CIVIL)\u00bb. Habi\u00e9ndose establecido el siguiente orden de votaci\u00f3n: Doctores Luis Eduardo Rey V\u00e1zquez, Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto Panseri, Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan.<\/p>\n EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE CUESTION: \u00bfQU\u00c9 PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS? A LA CUESTION PLANTEADA EL SE\u00d1OR PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DOCTOR LUIS EDUARDO REY V\u00c1ZQUEZ, dice:<\/p>\n I.- A fs. 484\/491 la C\u00e1mara de Apelaciones con Competencia Administrativa y Electoral rechaz\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la Municipalidad de Santo Tom\u00e9 y recept\u00f3 el deducido por la parte accionante, modificando el punto 2\u00ba de la sentencia que impuso las costas al amparista, disponiendo que sean soportados en el orden causado, confirmando en todo lo dem\u00e1s el pronunciamiento recurrido. No conforme, el municipio demandado articul\u00f3 a fs. 507\/511 el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley venido a consideraci\u00f3n de este Superior Tribunal.<\/p>\n II.- Sentencia de C\u00e1mara: Para decidir en el sentido indicado, la C\u00e1mara principi\u00f3 se\u00f1alando que en el caso se encuentra en juego el derecho a un ambiente sano que comprende al derecho de la salud. Indic\u00f3 que ese derecho se halla constitucionalmente consagrado en el art. 41 y concordantes de la Constituci\u00f3n Nacional, en los arts. 49 y cdts. de la Constituci\u00f3n Provincial, y arts. 1\u00ba, 4\u00ba, 7\u00ba incs. 6\/13 y 27 y cdts. de la Carta Org\u00e1nica Municipal. Y en ese marco, no advirti\u00f3 la existencia de m\u00e9rito para admitir las quejas de la recurrente, propiciando la confirmaci\u00f3n de la sentencia, por cuanto se logr\u00f3 el fin protectorio del derecho invocado, frente a actos u omisiones de los \u00f3rganos del Estado Municipal que -a su juicio- ileg\u00edtimamente, por desidia u omisi\u00f3n, lo han lesionado y cuya protecci\u00f3n obedece a fines colectivos, resultando beneficiada toda la comunidad correntina y m\u00e1s espec\u00edficamente el departamento de Santo Tom\u00e9.<\/p>\n Se\u00f1al\u00f3 que la sentencia se limit\u00f3 a hacer cumplir las leyes que en la materia propenden a la protecci\u00f3n del medio ambiente y a la prevenci\u00f3n de da\u00f1os, permiti\u00e9ndoles a los ciudadanos el libre ejercicio de esos derechos fundamentales. Razon\u00f3 que el marco jur\u00eddico anteriormente rese\u00f1ado no solo fue dictado en protecci\u00f3n de los derechos ambientales, sino que adem\u00e1s brindan a los potenciales afectados el ejercicio de acciones judiciales en aras de asegurar su efectivo cumplimiento.<\/p>\n Asever\u00f3 que en base a las constancias de la causa se encuentra demostrado que se ha violentado el derecho a un ambiente sano, derecho que le compete a la totalidad de la poblaci\u00f3n y cuya salvaguarda debe consistir en la implementaci\u00f3n de acciones presentes y efectivas a corto plazo y a futuro. Agreg\u00f3 que el municipio demandado no demostr\u00f3 ejercer acciones positivas sino luego de recibir la orden judicial tal como surge del Incidente de Medida Cautelar.<\/p>\n No acredit\u00f3 el cumplimiento de sus deberes en materia ambiental, ni sus defensas resultan suficientes para eximirlo de responsabilidad. Adem\u00e1s, el informe del ICAA y las audiencias conciliatorias en las que participaron las partes, dan cuenta que el municipio no fue diligente, ni cumpli\u00f3 activamente con los requerimientos del ICAA a los fines de avanzar y cumplimentar con el Estudio de Impacto Ambiental. Estudio que pretendi\u00f3 sustituir con el realizado por la firma SOLMAX, que no se adecuan a la ley 5.067.<\/p>\n Destac\u00f3 -siguiendo a una prestigiosa jurista- que la responsabilidad internacional del Estado por no prevenir los ataques a los derechos fundamentales reconocidos en convenciones internacionales aprobadas por la Argentina es clara, especialmente frente a las personas vulnerables. Con respecto al recurso de la parte actora, interpret\u00f3 que existen fundadas razones que autorizan a modificar la imposici\u00f3n de costas referidas a la defensa de falta de legitimaci\u00f3n pasiva impetrada por la empresa KUERA S.A., e imponerlas en el orden causado. As\u00ed lo pens\u00f3, pues la naturaleza de incidencia colectiva de los derechos amerita atenuar el principio general en materia de costas, por cuanto es el resultado del compromiso social de un grupo de personas que se consideraron legitimados para acudir a la jurisdicci\u00f3n. Adem\u00e1s, enfatizar la participaci\u00f3n ciudadana para el deber del cuidado y prevenci\u00f3n del da\u00f1o ambiental, motiva la excepci\u00f3n de costas a la parte accionante.<\/p>\n III.- Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley: Se agravia la parte recurrente aduciendo que la C\u00e1mara no tuvo en consideraci\u00f3n que el plan de manejo ambiental es resorte exclusivo del poder ejecutivo municipal, pudiendo requerir que se articule un plan ambiental o acciones tendientes a revertir la situaci\u00f3n, pero no puede legislar o gobernar a trav\u00e9s de un fallo. Refiere que el tribunal fija pautas sin argumentar ni fundar porqu\u00e9 lo hace, y sin tener en cuenta las pautas presupuestarias del municipio, conforme a un presupuesto que debe ser aprobado por otro poder comunal que es el Concejo Deliberante.<\/p>\n Afirma que el municipio de Santo Tom\u00e9 inici\u00f3 el tr\u00e1mite ante el ICAA, y el tribunal resolvi\u00f3 la cuesti\u00f3n sin esperar a que dicho organismo se expida, a pesar de ser un contrasentido, pues los basureros a cielo abierto se encuentran prohibidos, por lo que el ICAA nunca podr\u00eda expedirse sobre su viabilidad. Se\u00f1ala que en el Incidente de Medida Cautelar su parte present\u00f3 un informe de impacto ambiental producido por la consultora SOLMAX S.A., demostrando con ello el cumplimiento de la Ordenanza 476. Indica que la Ordenanza en cuesti\u00f3n preve\u00eda tres l\u00edneas de acci\u00f3n: a corto, mediano y largo plazo. La primera, referida a la implementaci\u00f3n y desarrollo de un programa de educaci\u00f3n ambiental. La segunda, a la preparaci\u00f3n de la infraestructura y saneamiento b\u00e1sico para la instalaci\u00f3n de una planta de clasificaci\u00f3n y acopios de residuos. Y la tercera, en la b\u00fasqueda de canales de comercializaci\u00f3n de los materiales recuperados. En ese sentido afirma que el plan integral se encuentra en plena etapa de desarrollo, adem\u00e1s de encontr\u00e1ndose adherido al plan GIRSU (Gesti\u00f3n Integral de Residuos S\u00f3lidos Urbanos), que est\u00e1 proyectado a largo plazo y que requiere de la actuaci\u00f3n del Gobierno de la Provincia de Corrientes para su concreci\u00f3n.<\/p>\n IV.- El recurso extraordinario del caso, fue interpuesto dentro del plazo legal, contra una sentencia definitiva, el recurrente se encuentra exento de la carga del dep\u00f3sito econ\u00f3mico; sin embargo, se advierte que la v\u00eda de gravamen incumple con el requisito de fundamentaci\u00f3n aut\u00f3noma, pues media una ostensible carencia de cr\u00edtica concreta y razonada de los fundamentos tenidos en cuenta por la C\u00e1mara para resolver como lo hizo. Ello, no obstante, no habremos de extremar la exigencia del rito formal pues tal como lo se\u00f1alan Morello y Vallef\u00edn \u201c\u2026la exigencia de satisfacer la carga t\u00e9cnica de fundamentaci\u00f3n no puede ser equiparada a la que se requiere trat\u00e1ndose de juicios ordinarios o sumarios.<\/p>\n En el amparo, la notable reducci\u00f3n de los plazos, unida a la materia constitucional debatida que involucra siempre cuestiones que ata\u00f1en al orden p\u00fablico, no tolera un criterio de aplicaci\u00f3n inflexible\u00bb (Morello, Augusto M. y Vallef\u00edn, Carlos A., El amparo. R\u00e9gimen procesal, Tercera Edici\u00f3n, Librer\u00eda Editora Platense, La Plata, 1998, p. 148); m\u00e1xime teniendo en cuenta que se trata de un proceso de amparo ambiental, siendo un deber de los jueces efectuar una interpretaci\u00f3n abierta y flexible de las normas procesales aplicables.<\/p>\n En ese quehacer, tenemos que el art. 43 de la Constituci\u00f3n Nacional caracteriza al amparo como una acci\u00f3n expedita y r\u00e1pida destinada a la defensa de derechos y garant\u00edas protegidos por la Constituci\u00f3n Nacional, un Tratado Internacional o una Ley. Este el rasgo com\u00fan de toda acci\u00f3n de amparo. Por otra, en el segundo p\u00e1rrafo, el precepto constitucional reglamenta el denominado amparo ambiental: \u201c[\u2026] Podr\u00e1n interponer esta acci\u00f3n contra cualquier forma de discriminaci\u00f3n y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y consumidor, as\u00ed como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley, la que determinar\u00e1 los requisitos y formas de su organizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n A su turno, el art. 52 de la Constituci\u00f3n Provincial establece: \u201cToda persona puede interponer la acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 67 de esta Constituci\u00f3n, en protecci\u00f3n del ambiente o con el objeto de hacer cesar las actividades que en forma actual o inminente causen o puedan causar da\u00f1o ambiental, entendido como cualquier modificaci\u00f3n o alteraci\u00f3n negativa relevante al equilibrio del ecosistema, los recursos, los bienes o valores colectivos [\u2026]\u201d.<\/p>\n El amparo ambiental es una especie derivada del amparo tradicional, pero con caracter\u00edsticas propias atento a la naturaleza de la materia. <\/strong>De este modo, y ante la falta de regulaci\u00f3n espec\u00edfica, su tramitaci\u00f3n habr\u00e1 de regirse por las normas que regulan el amparo cl\u00e1sico, es decir en el \u00e1mbito nacional ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n el art. 43 de la Constituci\u00f3n Nacional, la ley 16.986 y el art. 321 del CPCCN, y en el orden local por el art. 67 de la Constituci\u00f3n Provincial, la ley 2.903, y el art. 475 del CPCC-ley 6.556\/21. Ahora bien, interesa destacar, no obstante, que no toda cuesti\u00f3n ambiental necesariamente habr\u00e1 de tramitarse por el proceso de amparo pues en situaciones complejas o de da\u00f1os deber\u00e1 ser reconducido a los procesos ordinarios a fin de no desnaturalizar esta acci\u00f3n (CSJN, Fallos 327:2967; 331:1243.).<\/p>\n Ello es as\u00ed pues el amparo ambiental es una parte del proceso ambiental bajo cuya noci\u00f3n se inscriben gen\u00e9ricamente las diversas v\u00edas a trav\u00e9s de las cuales se puede obtener la protecci\u00f3n colectiva del ambiente, con aplicaci\u00f3n de un r\u00e9gimen jur\u00eddico exorbitante de tutela. Es decir, la protecci\u00f3n ambiental no se reduce al amparo y que no todo conflicto de este tipo tiene que tramitarse por esta v\u00eda. El amparo no es sino una de las v\u00edas -las m\u00e1s breve- a trav\u00e9s de las cuales se puede enjuiciar el conflicto ambiental, siempre que se re\u00fanan los presupuestos. En caso contrario, debe recurrirse a los otros procesos ambientales paralelos (ordinarios, sumarios, etc.) (Safi, Leandro K., El amparo ambiental, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2012, p\u00e1gs. 94\/92).<\/p>\n V.- Que, aclarado lo anterior, podemos afirmar que contrariamente a los argumentos cr\u00edticos ensayados por el recurrente, se encuentra debidamente demostrado en autos; a) la existencia de un basural a cielo abierto en la ciudad de Santo Tom\u00e9, sin tratamiento de ninguna naturaleza, en el que habitan varias familias, con el riesgo inminente de contraer enfermedades; b) la ausencia de Estudio de Impacto Ambiental, el que reci\u00e9n fue formalizado mediante la orden judicial dispuesta por el tribunal de origen en el Incidente de Medida Cautelar, dando origen al expediente administrativo 540- 10-05 473\/18 caratulado: \u201cMUNICIPALIDAD DE SANTO TOM\u00c9 S\/ PROYECTO INSTALACI\u00d3N DE PLANTA DE CLASIFICACI\u00d3N Y ACOPIO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS SANTO TOM\u00c9 CORRIENTES\u201d; c) la conducta poco comprometida por parte del municipio accionado, evidenciada a lo largo de todo el presente proceso de amparo, as\u00ed como tambi\u00e9n en el tr\u00e1mite del expediente administrativo del EIA. Todo ello, sumado a las claras disposiciones establecidas en la ley 6.422 (Ley de Presupuestos M\u00ednimos de Protecci\u00f3n Ambiental para la Gesti\u00f3n Integral de Residuos Domiciliarios), en particular de los arts. 7, 8, y 10, nos lleva la convicci\u00f3n de que la sentencia puesta en crisis debe mantenerse, debiendo la Municipalidad demandada dar cumplimiento a los requerimientos dispuestos por la C\u00e1mara de Santo Tom\u00e9 enunciado como \u201cPLAN DE MANEJO AMBIENTAL\u201d, debiendo informar a dicho tribunal peri\u00f3dicamente y cada vez que sea requerido el estado de avance de los puntos impuestos en el fallo de origen. <\/strong><\/p>\n Ello es as\u00ed, pues una vez demostrada la certeza y la actualidad de riesgos a la salud, aunque no se pueda justificar un concreto da\u00f1o a la integridad psicof\u00edsica de las personas, es necesario que la tutela se haga efectiva pues el bien tutelado es la indemnidad del medio ambiente. Y, estando comprobado el car\u00e1cter contaminante del basural a cielo abierto y su incidencia en la degradaci\u00f3n del ecosistema, los jueces se encuentran habilitados para tomar las medidas que resulten necesarias para prevenir o hacer cesar la actividad contaminante, tal como advertimos fueron realizadas en el caso de autos por los jueces a quo En base a lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Municipalidad de Santo Tom\u00e9, para as\u00ed confirmar la sentencia recurrida. Con costas en esta instancia a la recurrente vencida (art. 333, CPCC-ley 6.5556- 21). <\/strong><\/p>\n ASI VOTO.- A LA CUESTION PLANTEADA EL SE\u00d1OR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, dice: Que adhiero al voto del Doctor Luis Eduardo Rey V\u00e1zquez, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.<\/p>\n A LA CUESTION PLANTEADA EL SE\u00d1OR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: Que adhiero al voto del Doctor Luis Eduardo Rey V\u00e1zquez, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.<\/p>\n A LA CUESTION PLANTEADA EL SE\u00d1OR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: Que adhiero al voto del Doctor Luis Eduardo Rey V\u00e1zquez, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.<\/p>\n A LA CUESTION PLANTEADA EL SE\u00d1OR MINISTRO DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: Que adhiero al voto del Doctor Luis Eduardo Rey V\u00e1zquez, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.<\/p>\n En m\u00e9rito del presente Acuerdo, el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente: SENTENCIA N\u00ba 10 1\u00b0) Declarar inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Municipalidad de Santo Tom\u00e9, para as\u00ed confirmar la sentencia recurrida. 2\u00ba) Costas en esta instancia a la recurrente vencida (art. 333, CPCC – ley 6.5556-21). 3\u00ba) Insertar, registrar y notificar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" CORRIENTES. El Superior Tribunal de Justicia confirm\u00f3 la sentencia que obliga a la Municipalidad de Santo Tom\u00e9 a eliminar el basural a cielo abierto de esa ciudad y aplicar un plan integral de manejo de residuos. 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