SANTO TOMÉ. La conducción de la Liga Santotomeña de Fútbol, presidida por Maximiliano Silva, analiza implementar estrictas restricciones para impedir que los fotógrafos de prensa accedan al campo de juego a retratar a los equipos. La medida es interpretada por diversos sectores como una represalia directa hacia los medios de comunicación que cuestionan la actual gestión financiera de la institución y la reciente implementación de un “bono colaboración” que lanzó el Departamento del Fútbol Infantil, el cual se les hizo entrega a los clubes con la exigencia que deben vender si o sí.
Históricamente, la entidad nunca exigió acreditaciones especiales ni impuso trabas para esta labor periodística. Sin embargo, la polémica normativa comenzó a evaluarse luego de que se hicieran públicas serias irregularidades dentro de la comisión directiva.
El detonante: el polémico «bono infantil» y fondos bajo la lupa
La tensión entre la dirigencia y la prensa local escaló tras la difusión de dos ejes centrales que afectan las arcas y la confianza de los clubes asociados:
- El bono obligatorio: El Departamento de Fútbol Infantil implementó un bono contribución (con un televisor de 43 pulgadas como premio) y distribuyó con cargo 218 números a cada club. La venta de estos cupones fue fijada como condición obligatoria para que las categorías infantiles puedan continuar en competencia, lo que generó un fuerte malestar en los dirigentes de los clubes, quienes ya afrontan altos costos para poner sus equipos en la cancha. No obstante, el gobierno municipal hace un aporte importante de dinero para pagar a los árbitros.
- Falta de balances claros: La divulgación del bono encendió los reclamos sobre el destino de los fondos propios de la Liga. La entidad percibe ingresos fijos por el alquiler del predio del Estadio “27 de Agosto” para las antenas de las empresas de telefonía Claro y Personal SA.
El propio presidente, Maximiliano Silva, reconoció públicamente en declaraciones radiales la existencia de más de 15 millones de pesos en una cuenta bancaria. Pese a ello, hasta el momento no se exhibió la documentación oficial que certifique el depósito, el estado real de los fondos, ni si el balance fue aprobado o no en la asamblea general ordinaria de diciembre pasado.
Acusaciones de complicidad e institucionalidad en crisis
Las críticas del periodismo local apuntan también a la inacción de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Corrientes, organismo que no ha respondido a las consultas sobre el estado institucional de la Liga. Asimismo, trascendió que la polémica medida restrictiva contaría con el aval y el respaldo de al menos siete presidentes de los clubes locales, quienes convalidan las decisiones de la actual conducción de no presentar las rendiciones correspondientes ni las documentaciones requeridas. A modo de ejemplo, no se da a conocer cada fin de semana si al terminar la fecha correspondiente de primera división cuantas entradas se vendieron y el monto recaudado y si hubo superávit o déficit.
Fuente: Digital Santo Tomé
