CAPITAL FEDERAL. El proyecto, impulsado por los legisladores Oscar Zago y Eduardo Falcone, Volverá a ser tratado en la comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de marzo.
Los diputados del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone recibieron la información de que con la derogación de las jubilaciones de privilegio de ex presidentes, ex vicepresidentes, ex jueces de la Corte Suprema y eclesiásticos, el Estado ahorraría $1.234,3 millones anuales. Los datos los brindó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) a pedido del libertario Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El diputado Eduardo Falcone aseguró, «insistiremos con esta iniciativa que presentamos en 2024» aclarando que «después de un año y medio de la presentación del proyecto para terminar con privilegios de la casta, conseguimos que la Comisión de Presupuesto le pidiera a la OPC el importe del ahorro fiscal para el Estado. Lo tuvimos que rajar a (José Luis) Espert para que se mueva», posteó en sus redes el diputado Falcone.
El proyecto de Zago y Falcone deroga las leyes que establecen regímenes de asignaciones mensuales vitalicias, así como regímenes previsionales diferenciados otorgados a: arzobispos, obispos con jurisdicción, obispos auxiliares, vicario y provicario castrense; sacerdotes seculares del culto católico; embajadores, ministros plenipotenciarios, consejeros de embajada, secretarios de primera, segunda y tercera clase, y otros funcionarios del Servicio Exterior de la Nación; el Presidente y vicepresidente de la Nación, jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y magistrados del Poder Judicial. En su artículo tercero establece una asignación mensual vitalicia dirigida al Presidente de la Nación a partir del cese en sus funciones. La misma será equivalente al 80% de la remuneración vigente en ejercicio. Disponiendo en un cuarto artículo que, en virtud del principio de irretroactividad de las leyes establecido por el Código Civil, el PEN deberá invitar formalmente a los ex presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios alcanzados por esta norma para que renuncien voluntariamente a los beneficios previsionales allí previstos y opten, en el caso del Presidente, por percibir en su lugar el monto establecido en el 80% del jefe de Estado en actividad.
DETALLES DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
En un informe de 15 páginas elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) se establece que el ahorro para las arcas públicas sería de $1.234,3 millones anuales. Para ello se detalla que actualmente las asignaciones vitalicias previstas por diferentes regímenes alcanzan los $1.614,8 millones. Desglosados en $45,8 millones asignados a eclesiásticos; $859,6 millones a ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación y $709,5 millones anuales a ex jueces de la Corte Suprema.
Como contraparte, en el escenario proyectado con la sanción de la nueva ley, el gasto ascendería a un total de $380,6 millones. Ese número sería por el otorgamiento de Pensiones Universales por Adulto Mayor (Puam) a eclesiásticos, alcanzando los $51,5 millones; $169,1 millones en concepto de las jubilaciones de ex presidentes de la Nación, y $159,9 millones en jubilaciones de ex jueces de la Corte Suprema de Justicia, calculados como aportantes del Régimen General de Jubilaciones y Pensiones.
Para los ex vicepresidentes, en tanto, el proyecto elimina directamente la posibilidad de acceder a una prestación jubilatoria específica, lo que genera una reducción significativa del gasto agregado, mientras que los eclesiásticos incorporados al régimen de la Puam implicarían un aumento del gasto individual, dado que los haberes actualmente percibidos resultan inferiores al monto de dicha prestación.
Fuente: Medios Digitales