CAPITAL FEDERAL. La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la provincialización de rutas y habilitar su financiamiento mediante peajes abrió un nuevo frente de debate técnico, legal y económico. La medida, instrumentada a través del Decreto 253/2026, establece un esquema en el que las provincias podrán asumir la gestión de tramos de la red vial nacional, incluso mediante concesiones a privados, en un modelo que busca redefinir el rol del Estado en materia de infraestructura.
En ese marco, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó un “fuerte rechazo” a la iniciativa y sostuvo que el esquema propuesto resulta “ilegal, inconstitucional e inoportuno”, al considerar que carece de una ley formal que lo respalde y que vulnera principios básicos del sistema federal.
Según la entidad, la transferencia de rutas nacionales a las provincias requiere necesariamente la intervención del Congreso, así como la asignación de recursos específicos para su mantenimiento, condiciones que -afirman- no se cumplen en el decreto. En ese sentido, advierten que la medida implica un traslado de responsabilidades sin financiamiento, lo que podría generar mayores tensiones fiscales en las jurisdicciones.
Uno de los puntos más cuestionados es el mecanismo de financiamiento previsto. El decreto habilita el cobro de peajes directos en ruta, una herramienta que, según el CONADUV, podría transformarse en un “impuesto encubierto”. El argumento se apoya en el principio constitucional de que no puede haber tributos sin ley, y en la exigencia de que toda tasa esté vinculada a una prestación efectiva.
Fuente: Medios Digitales
