CORRIENTES y CHACO. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), llevó adelante en Corrientes y otroas provincias del nordeste del país una serie de controles en ruta que culminaron con la incautación de 412 toneladas de soja que tenían un origen dudoso, valuadas en 51,5 millones de pesos.
Los agentes realizaron operativos sobre 14 camiones que circulaban en los accesos a las localidades de Santo Tomé, Ituzaingó, Villa Olivari y Paso de la Patria, provincia de Corrientes; y Makalle, provincia de Chaco.
En los procedimientos también participaron miembros de la Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad, y de la Policía Caminera chaqueña.
Las fiscalizaciones consistieron en tareas de validez de origen y destino de los granos transportados y cotejo documental y registral. Por medio de estas acciones se confirmó que los remitentes y destinatarios carecían de capacidad operativa, económica y financiera para producir o comercializar la mercadería, que fue interdicta en su totalidad.
Por motra parte agentes del organismo llevaron adelante una fiscalización presencial en una de las plantas que la firma posee en Río Segundo, provincia de Córdoba, y detectó faltantes por 60.800 toneladas de maní, valuadas en 1.200 millones de pesos. La diferencia entre el volumen de mercadería registrada y el efectivamente observado equivale a la carga de 2.030 camiones que, puestos uno detrás de otro en una ruta, ocuparían casi 50 kilómetros de largo.
El personal de la DGI realizó tareas de cubicaje en los sitios de almacenamiento de granos del establecimiento perteneciente a una empresa dueña de una reconocida marca de golosinas y postres. Mediante esta técnica, se comprobó que el stock estimado se encontraba significativamente por debajo del informado en los distintos sistemas de información de la AFIP. Los inspectores se sorprendieron al constatar que a pesar de tratarse de una compañía tradicional con casi cien años de historia, no contaba ni había emitido la documentación correspondiente que respaldara la incorporación de esa materia prima a un proceso productivo o su venta a otro eslabón de la industria alimenticia.
Las acciones de control permitieron comprobar que el stock faltante ascendía a 60.800 toneladas de maní, valuadas en más de 1.200 millones de pesos. Además de la clausura del establecimiento y de labrar las actas de infracción correspondientes, las áreas especializadas en actividades agroindustriales del organismo profundizarán sus tareas de fiscalización para determinar si las maniobras detectadas y desarticuladas consistieron en evasión fiscal, subfacturación de exportaciones o su comercialización en el mercado marginal.
El establecimiento fiscalizado posee una capacidad teórica de almacenamiento de 12.500 toneladas en instalaciones fijas y una capacidad de procesamiento de aproximadamente 6 toneladas de granos por hora. Su actividad principal es la elaboración de productos alimenticios, principalmente golosinas y chocolates con maní, para el mercado nacional e internacional. En 2022, sus ventas sumaron unos 25.000 millones de pesos, según sus propias declaraciones juradas.
